La Justicia realizó inspecciones en la obra del Acueducto Gran Tulum por presuntas irregularidades

Fiscales, peritos y policías recorrieron distintos puntos del proyecto para relevar el avance de los trabajos. La investigación analiza posibles irregularidades en la licitación y ejecución de la megaobra hídrica.

La investigación judicial por presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum sumó nuevas medidas de prueba con inspecciones en distintos puntos de la obra.

El procedimiento fue impulsado por la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Especiales en el marco del legajo iniciado tras una denuncia por posibles irregularidades vinculadas a la administración pública. Con autorización de la jueza de Garantías Lucero, fiscales, peritos y efectivos policiales realizaron un relevamiento en terreno para verificar tramos del proyecto.

La recorrida comenzó en el obrador de la unión transitoria de empresas responsable de la obra, ubicado cerca del dique Punta Negra, en el departamento Zonda. Desde allí, los investigadores inspeccionaron distintos sectores de la Ruta 12 y la zona de Villa Tacú, donde el proyecto contempla la construcción de un túnel.

El operativo también incluyó un tramo sobre el costado norte de avenida Libertador General San Martín, cerca del cementerio El Mirador, y finalizó en la planta potabilizadora de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) en Marquesado.

En el procedimiento participaron los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, junto a ayudantes fiscales, personal de Policía Científica, la Brigada de Delitos y efectivos de distintas dependencias policiales. También se utilizaron drones para realizar relevamientos aéreos.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia, que planteó sospechas sobre posibles irregularidades en el proceso licitatorio y en la ejecución de la obra impulsada durante la gestión del exgobernador Sergio Uñac.

Entre los puntos bajo análisis se encuentran la contratación de las tuberías adjudicadas a la empresa Krah América Latina S.A. y presuntas comisiones vinculadas a operaciones comerciales que habrían sido facturadas a través de una firma local.

Desde el ámbito judicial señalaron que, pese al reciente fallecimiento del empresario Gustavo Monti —mencionado en la denuncia—, la investigación continúa porque el expediente busca revisar el proceso administrativo completo del proyecto.

En paralelo, la Fiscalía de Estado de San Juan se constituyó como querellante para representar los intereses de la provincia ante la posibilidad de un perjuicio económico al erario público.

Por el momento, la causa se encuentra en una etapa preliminar y técnica, con análisis de documentación, reconstrucción del proceso licitatorio y peritajes sobre la obra. Mientras tanto, el Acueducto Gran Tulum permanece paralizado por objeciones técnicas, pese a que fue financiado con un crédito internacional que la Provincia comenzó a pagar el año pasado.