Denuncian al intendente Matías Espejo por presuntas irregularidades en la contratación de seguridad para la Fiesta de la Tradición

Concejales opositores lo acusan de seis delitos graves y apuntan a la contratación de una firma que no estaría habilitada para operar durante la 64º edición del festival en el Anfiteatro Buenaventura Luna.

La denuncia penal presentada el 20 de febrero contra el intendente Matías Espejo abrió un frente judicial que no solo lo involucra a él, sino que pone bajo la lupa a toda la cadena de funcionarios que autorizaron la seguridad de la 64º edición de la Fiesta Nacional de la Tradición. La causa investiga la presunta contratación de una empresa sin habilitación legal para prestar servicios durante el evento.

Los concejales Gema Casas y Felipe Tañez fundamentaron la presentación en la presunta comisión de seis delitos: incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado, malversación de caudales, administración fraudulenta, falsedad ideológica y encubrimiento.

El eje de la denuncia apunta a Luis Eduardo Medawar y Gabriel Marcelo Clavel, quienes habrían coordinado el operativo de vigilancia en el Anfiteatro Buenaventura Luna. Sin embargo, según la respuesta oficial de la Central de Policía fechada el 4 de diciembre de 2025, ninguna agencia de seguridad en la provincia figura registrada a nombre de esas personas.

Las irregularidades habrían quedado en evidencia durante las noches del 14 y 15 de noviembre de 2025. En pleno desarrollo del festival, la División Control de Agencias Privadas constató que 20 personas cumplían funciones de seguridad sin la autorización legal correspondiente, lo que derivó en expedientes contravencionales por presunta infracción a la Ley 926-R, normativa que regula la actividad en San Juan.

A este escenario se suma un reclamo por falta de transparencia administrativa. Según los ediles denunciantes, el 29 de diciembre solicitaron formalmente al Ejecutivo municipal copia de las facturas y del contrato específico de contratación, además de información sobre posibles vínculos previos con los mismos particulares. Aseguran que no obtuvieron una respuesta satisfactoria.

La causa, que ya fue recibida por el colaborador de litigación del fiscal Aballay, busca determinar por qué el municipio habría contratado a una firma “fantasma” y si se falseó documentación pública para justificar el pago de un servicio que, de acuerdo a la investigación preliminar, no estaba legalmente habilitado para operar.