Docentes universitarios advierten una pérdida salarial del 50% y anticipan paros desde marzo

ADICUS denunció que los salarios quedaron muy por debajo de la inflación, alertó sobre la fuga de docentes y advirtió que el inicio del ciclo lectivo 2026 podría verse afectado por medidas de fuerza prolongadas si no hay respuestas del Gobierno nacional.

El inicio del ciclo lectivo universitario 2026 encuentra a los docentes en una situación salarial crítica. Así lo advirtió Jaime Barcelona, secretario general de ADICUS en San Juan, quien aseguró que el sector perdió alrededor del 50% de su poder adquisitivo desde la asunción del actual Gobierno nacional y anticipó la posibilidad de paros prolongados a partir de marzo ante la falta de una recomposición salarial.

Barcelona explicó que la brecha acumulada entre la evolución de los salarios y la inflación alcanza aproximadamente el 93%, impactando de manera directa en las condiciones de vida de los trabajadores universitarios.

Este escenario ya genera consecuencias estructurales en el sistema universitario. Según advirtió el gremio, numerosos docentes están abandonando la universidad y los colegios preuniversitarios para insertarse en otros ámbitos laborales.

En la provincia de San Juan, más de 5.000 docentes universitarios y preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan se encuentran afectados por esta situación.

De cara al inicio del año académico, los gremios universitarios comenzaron a coordinar acciones a nivel nacional. ADICUS participó recientemente de una reunión de mesa ejecutiva y esta semana se desarrollarán asambleas en todo el país. Además, está previsto un plenario virtual nacional para el próximo miércoles, donde se definirá el plan de lucha.

Por el momento, desde el gremio aclararon que no se verán afectadas las mesas de exámenes, aunque anticiparon un endurecimiento de las medidas una vez finalizadas.

El secretario general de ADICUS recordó que existe una ley de financiamiento universitario y recomposición salarial que fue aprobada y cuenta con respaldo judicial, pero que no está siendo aplicada por el Gobierno nacional. “Si no hay respuestas, el conflicto se va a profundizar”, concluyó.