Escándalo en Zonda: el Tribunal de Cuentas investiga los legajos de todos los empleados municipales por presuntos “ñoquis”

El Sindicato de Empleados Públicos confirmó que los expedientes laborales fueron retirados del municipio y están bajo análisis. La causa, que involucra a familiares del intendente Juan Atampiz y del diputado Miguel Atampiz, avanza en la Justicia provincial.

El escándalo por la presunta existencia de empleados “ñoquis” en la Municipalidad de Zonda sumó una nueva instancia judicial. El secretario general del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), José Díaz, confirmó que todos los legajos de los trabajadores municipales fueron retirados del edificio comunal y se encuentran bajo análisis del Tribunal de Cuentas de San Juan.

Según el gremialista, la ampliación de la denuncia presentada a comienzos de octubre permitió reactivar la investigación, que inicialmente había sido desestimada por el fiscal Francisco Nicolía y ahora está a cargo de Nicolás Schiattino, de la UFI de Delitos Especiales.

El SEP incorporó nuevas figuras penales al expediente, entre ellas falsificación de instrumento público, administración fraudulenta, incompatibilidad de funciones y tráfico de influencias.

Uno de los casos más resonantes mencionados por el sindicato es el de Gustavo Atampiz, hijo del diputado Miguel Atampiz y sobrino del intendente Juan Atampiz, quien figura como empleado de planta permanente mientras, según la denuncia, trabaja en Vaca Muerta.

También se incluyeron los nombres de Manuel Casívar y Miguel Ángel Gil, quienes aparecerían como empleados municipales, pero estarían cumpliendo tareas en San Luis y en la mina Veladero, respectivamente.

Díaz aseguró que se detectaron reubicaciones irregulares y vínculos familiares dentro de la estructura municipal. “Incluso las esposas del diputado y del intendente figuran como empleadas en un merendero del municipio que no se sabe si realmente existe”, denunció el dirigente.

El caso se originó en agosto, cuando el SEP y concejales opositores denunciaron que, de los 240 empleados de planta permanente, solo entre 50 y 60 cumplirían funciones efectivas. El resto, aproximadamente 180 trabajadores, estaría cobrando sin presentarse a trabajar.

El sindicato sostiene que la situación se arrastra desde 2019 y se agravó durante la pandemia. Los concejales Víctor Montaña (Juntos por el Cambio) y Gustavo Ledesma (giojismo) presentaron una nota al intendente Atampiz para que intimara a los empleados a presentarse en un plazo de 48 horas.

Hasta el momento, el intendente Atampiz no realizó declaraciones públicas sobre las acusaciones que involucran a su gestión y a integrantes de su familia.

Mientras el Tribunal de Cuentas revisa los legajos y la UFI de Delitos Especiales continúa reuniendo pruebas, el caso promete seguir generando repercusiones políticas y judiciales.