
El diputado provincial por el Frente Renovador, Franco Aranda, se pronunció a favor de los pedidos de informes presentados por legisladores de Cambia San Juan para investigar presuntas irregularidades en áreas sensibles de la gestión del exgobernador Sergio Uñac.
En declaraciones por Radio Light, Aranda sostuvo que “siempre hay que estar a favor de la transparencia. Me parece que está bien que se investigue. Entiendo que también hay un pedido de informe del diputado Patinella a esta gestión actual, y mi postura es la misma: a favor de la transparencia, en todos los casos”, señaló el legislador.
Uno de los pedidos que más atención generó fue el que refiere a dos demandas judiciales iniciadas contra la provincia por la entrega de medicamentos al Ministerio de Desarrollo Humano durante el gobierno uñaquista. Ambas causas se encuentran en etapa de mediación previa obligatoria, una ante el Cuarto Juzgado Civil y la otra en el Noveno.
Las demandas tienen como protagonistas al empresario Luis Ernesto López Gaya, que figura como demandante en una causa, y como socio de la empresa Total SRL en la otra. Ambas acciones judiciales reclaman una compensación económica por servicios prestados al Estado bajo el convenio firmado entre el Colegio Farmacéutico de San Juan y el Ministerio de Desarrollo Humano para la provisión de medicamentos y alimentos nutricionales.
Según trascendió, López Gaya exige una suma cercana a los 706 millones de pesos, mientras que Total SRL reclama más de 1.117 millones, lo que en conjunto supera los 1.800 millones de pesos. El origen de ambos reclamos sería el mismo: la entrega de medicamentos durante la gestión pasada, cuya valuación actualizada es objeto de controversia.
En el pedido de informes presentado por Cambia San Juan, se pone el foco en el “significativo importe de gastos erogados”, los cuales podrían resultar improcedentes por supuestas irregularidades en precios y formas de contratación.
Consultado sobre el trasfondo político de estos pedidos, Aranda fue prudente pero no descartó segundas intenciones: “Son herramientas legales y está bien que se usen. Después habrá que ver si hay una segunda intención o realmente se quiere investigar. Pero en principio, estoy a favor de que se esclarezca todo lo que genere dudas”, concluyó.


Catamarca es la primera provincia en adherir al plan "dólar colchón" del Gobierno



ATE tildó de "fraude" a la paritaria y exigió un salario mínimo de más de $1.800.000

El Gobierno recortó el empleo público en casi 10% y hay 48.000 puestos menos






Nuevo aumento del 1% en los combustibles de YPF a partir del domingo
