El Gobierno nacional disolvió la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda

En el marco del proceso de reestructuración del Estado, el Gobierno nacional resolvió disolver la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda mediante el Decreto 70/2025.

La decisión, según el Ejecutivo, responde a la convicción de que la política de vivienda debe ser gestionada principalmente por las provincias, los municipios y el sector privado, reduciendo de este modo la intervención del Estado Nacional en este sector.

La Secretaría disuelta había sido la encargada de coordinar diversas políticas habitacionales, cuya ejecución, en gran medida, se realizaba a través de tres fondos fiduciarios que, actualmente, están en proceso de disolución. El Gobierno argumentó que estos fondos presentaron un mal uso de los recursos, falta de controles y resultados insatisfactorios.

Uno de los principales fondos afectados por esta medida es el PROCREAR, cuya disolución fue determinada previamente por el Decreto 1018/2024. Según una auditoría realizada por SIGEN, el programa registró demoras en la entrega de viviendas y deficiencias en las condiciones de habitabilidad de varias unidades entregadas.

En paralelo, el Gobierno había cerrado a principios de 2025 el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social mediante el Decreto 6/2025, destacando que dicho fondo había sido utilizado para fines políticos y clientelistas, con graves irregularidades en su administración. Además, se encuentra en proceso la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana, otro de los fondos bajo investigación por irregularidades.

Desde la Casa Rosada se afirmó que con esta disolución se busca "cambiar el modelo de la corrupción de sueños compartidos por el modelo del crédito privado y la libertad", un mensaje que refleja la intención del Gobierno de orientar las políticas habitacionales hacia una mayor participación del sector privado.