Hubo audiencia de conciliación entre empleados despedidos y empresa Huarpe en la Subsecretaría de Trabajo

La Subsecretaría de Trabajo fue sede de una audiencia de conciliación entre un grupo de 30 empleados despedidos y los representantes de la empresa de seguridad Huarpe.

Según informó el abogado Roberto Correa Esbry, los trabajadores despedidos reclaman una indemnización completa, ya que la compañía ofreció solo el 50% de la compensación, argumentando que ha disminuido el trabajo y que esta situación no se debe a la responsabilidad del empleador.

Sin embargo, Correa Esbry refutó este argumento, indicando que la empresa no atraviesa una crisis, destacando que incluso está expandiéndose en la actividad minera. Por este motivo, el abogado reclama que la indemnización sea del 100%, como corresponde según la Ley de Contrato de Trabajo.

Además, el abogado señaló que el despido de los empleados fue discriminatorio, pues se produjo después de un reclamo salarial previo. En este sentido, Correa Esbry sugirió que podría plantear un agravamiento de la cesantía, lo que implicaría un incremento del 50% en la indemnización.

La empresa Huarpe se dedica a la prestación de servicios de seguridad en diversos ámbitos, incluyendo la minería, hospitales, fábricas, estaciones de servicio y transporte de caudales, entre otros.

Según la denuncia presentada en la Subsecretaría de Trabajo, Huarpe propuso una indemnización reducida debido a la disminución de servicios contratados por el Ministerio de Salud Pública, lo que resultó en una reducción de horas de trabajo y la eliminación de puestos en distintos centros de salud, como el micro hospital Baez Laspiur y el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Pocito.

La Ley de Contrato de Trabajo establece que, en casos de fuerza mayor o falta de trabajo no imputable al empleador, la indemnización debe ser equivalente a la mitad de la prevista en el artículo 245, que establece la compensación completa. Sin embargo, Correa Esbry argumentó que no hay crisis empresarial que justifique la reducción de la indemnización y que la empresa no ha demostrado que no sea posible reubicar al personal en otros puestos de trabajo.

Asimismo, el abogado destacó que la empresa no exploró soluciones alternativas, como la reducción de jornadas o suspensiones económicas, y tampoco recurrió al procedimiento preventivo de crisis previsto por la ley nacional para situaciones de emergencia.