El Gobierno nacional derogó el programa de salud en contextos de encierro por falta de resultados

El Ministerio de Salud de la Nación derogó oficialmente el “Programa de salud en contextos de encierro”, lanzado en 2012 durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, debido a la falta de evidencia de mejoras en la atención sanitaria a personas privadas de su libertad. La medida fue formalizada a través de la resolución 2/2025, publicada en el Boletín Oficial.

Este programa tenía como objetivo principal mejorar el acceso a los servicios de salud en los establecimientos penitenciarios del país, buscando optimizar las condiciones sanitarias de la población carcelaria. Sin embargo, el Gobierno justificó su decisión al señalar que no se han registrado indicadores ni datos estadísticos que avalen que el programa haya contribuido a mejorar la calidad de atención. Según el texto oficial, “no se dispone de datos estadísticos, ni indicadores sanitarios que den cuenta que la implementación de este programa redunde en una mejora de la toma de decisiones en salud”.

Otro de los factores que motivaron la derogación fue la ausencia de convenios con las provincias, lo que dificultó la articulación de medidas conjuntas y dejó sin efecto los informes de gestión previstos originalmente. El Ministerio concluyó que, dada la falta de operatividad del programa y la carencia de evidencia concreta sobre sus beneficios, era necesario su cese.

Además, la resolución argumenta que las jurisdicciones provinciales y los servicios penitenciarios federales ya disponen de sistemas de salud organizados que, en teoría, garantizan la atención de la población carcelaria, lo que hacía innecesaria la existencia de un programa nacional adicional. "A pesar de los fines loables que se persiguen, las jurisdicciones provinciales, así como las penitenciarías federales, disponen de sistemas de salud organizados dentro de sus servicios penitenciarios que garantizan el acceso a la salud de la población carcelaria", señala la normativa.

Con la derogación, la responsabilidad de garantizar el acceso a la salud de las personas privadas de libertad recae ahora en las provincias y en el Servicio Penitenciario Federal, quienes deben continuar con los sistemas de salud organizados ya existentes dentro del sistema penitenciario.