Disolución de Fondos Fiduciarios: La nueva medida del gobierno de Milei para optimizar el gasto público

El Gobierno de Javier Milei ha tomado una decisión clave en su estrategia para mejorar la gestión pública: la disolución de tres fondos fiduciarios vinculados a la agricultura familiar, la vivienda social y las tecnologías de la información y comunicación (TIC).

Esta medida, anunciada a través del Decreto 6/2025, responde a informes de auditoría que detectaron irregularidades y falta de continuidad en los objetivos de dichos programas, buscando una reasignación más eficiente de los recursos públicos.

Los fondos afectados por esta medida son el Fideicomiso del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (PRODAF), el Fondo Fiduciario del Servicio Universal y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social. De acuerdo con las auditorías realizadas, algunos de estos fondos ya habían cumplido con sus objetivos, mientras que otros enfrentaban problemas administrativos y proyectos inconclusos.

Implicaciones de la disolución

La disolución de estos fondos traerá cambios significativos en sectores clave de la economía. El PRODAF, que facilitaba el acceso a créditos para productores rurales, ya cumplió su cometido, según el Ministerio de Economía, cuyos resultados ya han sido alcanzados.

Por otro lado, el Fondo del Servicio Universal, destinado a garantizar el acceso a servicios TIC, será reemplazado por nuevos mecanismos que buscarán mantener la conectividad universal. Sin embargo, el fondo enfrentó problemas, como la falta de justificación de proyectos desde 2021, lo que llevó a su disolución.

En cuanto al Fondo para la Vivienda Social, que financió programas como "Casa Propia" y "Reconstruir", los informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) indicaron que varios proyectos no contaban con la documentación adecuada para acreditar su finalización.

Liquidación y supervisión

El Gobierno de Milei ha señalado que la SIGEN continuará supervisando la liquidación de los fondos disueltos, para asegurar que el proceso se realice conforme a la normativa vigente. La Ley 27.742 respalda esta decisión, otorgando al Ejecutivo la facultad para disolver fondos fiduciarios.