El fallecimiento de Horacio Quiroga activó el proceso de sucesión en la Legislatura Provincial

El martes 24 de diciembre, se confirmó el fallecimiento del diputado provincial Horacio Quiroga, quien se encontraba cumpliendo su segundo mandato.

Quiroga, de 65 años, había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) el miércoles pasado, y a pesar de los esfuerzos médicos, no pudo superar las complicaciones derivadas del mismo. Su deceso activa el proceso de sucesión previsto por la ley, que ahora coloca en el centro de la escena a la actual Defensora del Pueblo, Florencia Peñaloza.

Quiroga había sido electo como sexto candidato proporcional en la lista de la subagrupación Vamos San Juan, la cual respaldó la fórmula de Rubén Uñac y Cristian Andino en las elecciones provinciales de 2023. De acuerdo con la normativa vigente, tras su fallecimiento, la Legislatura debe esperar la notificación formal del Tribunal Electoral para proceder con la incorporación de quien sigue en la lista, que en este caso es Peñaloza.

Florencia Peñaloza, quien posee una sólida trayectoria legislativa, tendría que decidir si acepta la banca vacante o continúa al frente de la Defensoría del Pueblo, un cargo que ocupa actualmente. Previamente, Peñaloza ocupó el cargo de diputada nacional como reemplazo de Enrique Castro y fue diputada provincial entre 2019 y 2023. Su decisión podría tener implicaciones importantes, ya que si opta por quedarse en la Defensoría, la vacante recaería en Federico Rizo, abogado y exdirector de Control y Seguridad del Tránsito durante la gestión de Sergio Uñac. Rizo, miembro del Bloquismo, podría sumar una banca más a ese espacio, que actualmente tiene tres legisladores en la Cámara, liderados por Luis Rueda.

El Bloquismo, que formó parte de la coalición oficialista en las últimas elecciones, hoy actúa de manera independiente, lo que podría generar presión desde el Partido Justicialista (PJ) para que Peñaloza renuncie a su cargo en la Defensoría y permita la continuidad de la banca dentro del oficialismo. En caso de que Peñaloza decline asumir como diputada, la Defensoría del Pueblo quedaría bajo el control del gobernador Marcelo Orrego, quien podría designar un nuevo defensor de su confianza, lo que tendría un impacto político relevante en la estructura institucional de la provincia.