Los sanjuaninos radicaron más de 3.000 denuncias por estafa en 2024

Si bien no todas las causas llegaron a una definición y una buena parte de ellas aún está bajo la lupa de los investigadores, un cuarto de los casos se resolvió por vías alternativas. Las autoridades, por su parte, destacan los más de $900 millones de patrimonio recuperado. Qué dicen los números de las defraudaciones en San Juan.

 
  
Este 2024, con la implementación plena del Sistema Acusatorio, la justicia sanjuanina estrenó una unidad fiscal especializada en investigar las estafas, la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, la que recibió un total de 3.302 denuncias y la que resolvió un cuarto de esos legajos con soluciones alternativas.

Es que de ese total de denuncias por estafa que radicaron los sanjuaninos, 846 llegaron a una resolución diferente a la que hubiesen arribado, si se sometían al tradicional proceso judicial. Según cifras oficiales aportadas por la propia UFI, 796 expedientes se definieron con un criterio de oportunidad.

Este tipo de salida señala que los representantes del Ministerio Público pueden prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal pública o limitarla a alguna de las personas que intervinieron en el hecho en los casos en que estén dadas las condiciones, como cuando el hecho supone una mínima culpabilidad.

Por otra parte y en una cifra menor, se produjeron 29 casos de reparación integral, en la que los imputados propusieron la reparación del daño causado y las víctimas aceptaron. Es clave que el damnificado de el visto bueno al planteo, pues de lo contrario no habría ningún acuerdo, siempre que las razones de oposición sean justificadas.

También fueron ejecutadas 19 conciliaciones, en las que el imputado y la víctima llegaron a realizar acuerdos conciliatorios, ya que se trataba de casos de delitos con contenido patrimonial cometidos sin grave violencia sobre las personas.

Y en menor proporción, se aplicaron dos suspensiones de juicio a prueba, en la que los acusados admitieron los delitos, ofrecieron una reparación simbólica y fueron castigados con tareas comunitarias, evitando quedar con antecedentes penales.

Los legajos que cursaron por vías diferentes y no cargaron el sistema judicial representaron un cuarto del total, es decir, un 25%. Y esa cifra podría ser todavía mayor, ya que otros 102 expedientes marcharon a la Unidad de Soluciones Alternativas (U.S.A) y aguardan su resolución. Mientras tanto, el resto fue sometido al proceso que todos conocen.

En la actualidad, menos de a mitad de las denuncias (1.333) están en proceso de investigación preliminar, en el que los fiscales coordinadores Pablo Martín y Eduardo Gallastegui -y sus equipos- estudian si existió la presunta comisión de delito. Una vez confirmadas las sospechas, se procede con la formalización y la respectiva imputación a quien corresponda.

Sobre aquellos casos que fueron instruidos y la culpabilidad fue sostenida por la fiscalía, los números advierten que se dictaron 47 condenas, de las cuales 44 fueron de cumplimiento condicional (con el sentenciado en libertad) y sólo 3 de cumplimiento efectivo.

No obstante, algunos casos quedaron inconclusos como aquellos que fueron archivados (329), por no contar con suficientes elementos para investigar, o desestimados (115), por no existir presunción de delito. En otros hechos denunciados, la UFI se declaró incompetente (228) y, por tanto, su destino resulta desconocido.

 
La recuperación del patrimonio
Las autoridades destacan que, además de llegar a la resolución del conflicto en varias causas, los damnificados pudieron recuperar sus patrimonios, ya sea el dinero que perdieron a causa de una estafa o el bien mueble por el que fueron engañados, como lo es un vehículo.

Es así que, acorde los datos oficiales y mediante la acción judicial, se recuperaron $382 millones y 32 mil dólares. A su vez, se recuperaron 46 vehículos, valuados en un total de $552 millones. Lo que lleva a un total de $935 millones regresados a sus dueños.

Como principales medidas, la UFI de Estafas procedió con 137 allanamientos y con el bloqueo de más de 13 mil cuentas bancarias.