El Gobierno avanza con la suspensión de privilegios a exfuncionarios condenados por corrupción

A raíz de la reciente decisión de suspender la pensión de privilegio de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Gobierno nacional aclaró que la medida no solo afectará a la exmandataria, sino también a otros exfuncionarios condenados por hechos de corrupción.

En este sentido, el Ejecutivo ha confirmado que investigará la jubilación de Amado Boudou, ex vicepresidente de la Nación durante el mandato de Cristina Kirchner, y avanzará con la quita de su pensión vitalicia.

Fuentes del Ministerio de Capital Humano confirmaron a la agencia NA que se está llevando a cabo una revisión de los beneficios que percibe Boudou, quien, al igual que la ex presidenta, fue condenado por hechos vinculados con la corrupción. "La medida tiene como objetivo retirar los privilegios a aquellos que hayan sido condenados por delitos como la corrupción", señalaron desde el Ministerio.

En diciembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 5 años y 10 meses de prisión a Boudou por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, relacionados con el caso de la ex imprenta Ciccone Calcográfica. Actualmente, el ex vicepresidente cumple su pena bajo prisión domiciliaria.

El ex funcionario, que ocupó el cargo de vicepresidente entre 2011 y 2015, percibía una pensión vitalicia de $6.309.622,00, derivada de su desempeño en la función pública. Tras su condena, la medida de suspensión de su pensión se enmarca en el compromiso del Gobierno de Javier Milei de erradicar los "privilegios injustificados" para aquellos que han sido hallados culpables de actos de corrupción.

La decisión del Gobierno de revisar y suspender las jubilaciones de privilegio a los exfuncionarios condenados por corrupción refuerza la postura de Milei de promover una administración más austera y transparente. Como ya expresó el vocero presidencial Manuel Adorni, el Presidente busca sentar un precedente de respeto por los recursos públicos, alineándose con los principios de "honor, mérito y buen desempeño" como requisitos para acceder a estos beneficios.