El Ministerio de Seguridad busca reconstruir el recorrido del dispositivo secuestrado en un operativo salteño y desmintió el faltante masivo de equipamiento. En paralelo, analizan sanciones por violencia institucional en Las Cuerpas.
Las autoridades del Ministerio de Seguridad provincial abrieron una investigación administrativa para precisar las circunstancias por las cuales un arma corta perteneciente al equipamiento oficial terminó confiscada durante un procedimiento judicial en Salta. El caso salió a la luz a partir de una notificación enviada por la justicia salteña, lo que obligó a activar un rastreo de trazabilidad sobre el pertrecho.
El subsecretario de Control de Gestión, Damián Villavicencio, explicó que se está ejecutando un censo de inventario en los depósitos de la institución para determinar posibles irregularidades en la custodia del material letal. Asimismo, el funcionario echó por tierra las versiones periodísticas que señalaban un presunto extravío de 150 unidades, remarcando que las actas preliminares no reflejan esa cantidad y que la auditoría sigue abierta.
El proceso de verificación se vio ralentizado debido a que los registros de armamento se asentaban históricamente de forma analógica. Para evitar futuros vacíos de control, la cartera de seguridad inició la migración de todos los libros de papel hacia una base de datos informática unificada.
En forma simultánea, el organismo de control investiga una presentación contra personal de la Seccional 31 por presunta violencia institucional durante un procedimiento.
Para deslindar responsabilidades, los auditores evalúan constancias médicas de los denunciantes, registros de cámaras de videovigilancia y testimonios de testigos. De corroborarse los abusos policiales, desde la cartera anticiparon que se aplicarán suspensiones preventivas a los agentes involucrados mientras avance la causa.