La esperada Ley de Desarrollo Local Minero está lista para comenzar su debate institucional en San Juan. El proyecto de normativa ya superó las fases de auditoría y análisis en los ministerios del Poder Ejecutivo y actualmente se encuentra en el despacho del gobernador Marcelo Orrego para su rúbrica final, paso previo a su remisión formal a la Cámara de Diputados, la cual se materializaría en el transcurso de los próximos días.
La iniciativa cobra una relevancia estratégica en el actual escenario económico provincial, marcado por la expectativa ante el desembarco de capitales globales destinados a la explotación de cobre en la cordillera. El propósito central de la legislación es maximizar la inserción de las pymes, prestadores de servicios y mano de obra sanjuanina en la cadena de suministros de los megaproyectos mineros, respondiendo a una demanda histórica de las cámaras empresariales de la región.
A diferencia de otros marcos regulatorios, la propuesta sanjuanina descarta la implementación de cupos rígidos o porcentajes obligatorios de contratación para las compañías operadoras. Desde el Gobierno provincial explicaron que el andamiaje legal de una economía privada impide forzar cuotas de empleo o proveedores a firmas particulares, por lo que se optó por un esquema basado en el estímulo mutuo.
De este modo, el núcleo del sistema radica en el otorgamiento de beneficios fiscales de carácter económico. Aquellas corporaciones mineras que demuestren una mayor tasa de contratación dentro del territorio y los proveedores locales que logren integrarse con éxito a la actividad recibirán bonificaciones y rebajas en tributos clave como el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Con este modelo distributivo, San Juan busca retener un mayor porcentaje de la riqueza generada por la actividad minera, resguardando al mismo tiempo la seguridad jurídica y la libertad de contratación de las empresas inversionistas.
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