Tras el femicidio de Gema, organizaciones de víctimas exigen mayor efectividad en las medidas de protección estatal

El reciente femicidio de Gema volvió a encender las alarmas sobre la efectividad de los dispositivos de seguridad y las medidas cautelares destinadas a resguardar a las mujeres que denuncian violencia de género en la provincia. La presidenta de la Asociación Civil Familias Unidas por el Dolor y Femicidio, Victoria Villalón, cuestionó con dureza el accionar institucional y remarcó que las intervenciones estatales continúan llegando cuando los hechos ya resultan irreversibles.

Falencias en las restricciones y momentos de mayor riesgo

Villalón, quien se desempeña además como vicepresidenta del Consejo Provincial de Protección Integral a la Mujer y Género, enfatizó que la víctima contaba con resoluciones judiciales de protección que no impidieron el desenlace fatal. Según su análisis, una de las etapas críticas de mayor vulnerabilidad se desencadena inmediatamente después de que la Justicia notifica al agresor sobre las perimetrales, momento en que las represalias se intensifican y se requiere una custodia o seguimiento preventivo de mayor cercanía.

Respecto al desempeño de las fuerzas de seguridad, la dirigente señaló que la respuesta ante la violación de las restricciones no mantiene un criterio unificado en el territorio. Explicó que el auxilio de los efectivos policiales ante un llamado de alerta varía significativamente según la jurisdicción o la guardia interviniente en cada dependencia.

Demandas a la Justicia y contención a los familiares

Además de exigir protocolos de actuación policial homogéneos e inmediatos, desde las agrupaciones de acompañamiento a las víctimas hicieron foco en el impacto integral que generan los femicidios dentro del núcleo familiar. En ese sentido, Villalón solicitó la puesta en marcha de un esquema de asistencia psicológica y legal continuo para los deudos —especialmente para los hijos huérfanos— durante el desarrollo de los procesos penales.

Entre las propuestas elevadas al Estado, la referente remarcó la importancia de comenzar a confeccionar estadísticas oficiales públicas sobre intentos de femicidio, una herramienta que considera indispensable para mapear el riesgo real y prevenir nuevos casos. Finalmente, renovó el llamado a la comunidad para respaldar a las mujeres que padecen entornos violentos y solicitar asistencia institucional ante los primeros indicadores de alerta.