El convenio alcanzado entre el Poder Ejecutivo de San Juan y la empresa Vicuña Argentina para la recepción de US$250 millones destinados a infraestructura generó una convergencia favorable en el arco político local. El flujo de capitales, de carácter fijo y no reembolsable, fue calificado por el gobernador Marcelo Orrego como un logro clave para ejecutar obras viales, hídricas y de saneamiento antes del inicio de la fase productiva del yacimiento.
La iniciativa cosechó adhesiones en distintos sectores opositores, quienes ponderaron la llegada de recursos extraordinarios frente al cese del financiamiento de la obra pública por parte de la Nación. Sin embargo, la ratificación formal de las fuerzas políticas quedó atada a la letra chica del documento que ingresará formalmente a la Cámara de Diputados.
Evaluaciones de la oposición y condiciones normativas
Desde el espacio Hacemos por San Juan, el exintendente de la Capital Emilio Baistrocchi catalogó la negociación como una gestión positiva del Ejecutivo y encuadró el entendimiento dentro de una política de Estado minera de largo plazo. En una línea convergente, el diputado nacional Cristian Andino y el dirigente del Frente Renovador Franco Aranda respaldaron la reactivación de la infraestructura provincial, sujetando su postura al control de las arcas públicas y al funcionamiento transparente del fideicomiso.
Por su parte, la Cruzada Renovadora consideró razonable la llegada de los fondos bajo la premisa de que no generen endeudamiento para el erario provincial.
Cautela en el Bloque Justicialista
Las opiniones con mayor reserva provinieron del Partido Justicialista. Tanto el presidente del partido y legislador, Juan Carlos Quiroga Moyano, como el exgobernador José Luis Gioja, evitaron fijar una posición definitiva a la espera de analizar el texto legal. Desde ese sector apuntaron a examinar el destino de los recursos y las variables macroeconómicas, como el valor internacional del cobre, durante el tratamiento legislativo.
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