La Cámara de Diputados de San Juan se convertirá este jueves en el escenario de una fuerte confrontación política cuando se someta a votación el proyecto de la Ley de Desarrollo Local Minero. La antesala de la sesión estuvo marcada por acusaciones cruzadas entre el interbloque oficialista y la bancada del Partido Justicialista (PJ), quienes polemizaron en torno a la velocidad con la que se dictaminó la norma en las comisiones de trabajo. Mientras la oposición cuestionó la premura del debate, desde el oficialismo recordaron que la iniciativa estuvo a disposición de los parlamentarios durante más de dos semanas antes de su tratamiento.
Disidencias en torno al RIGI y objeciones de la oposición
El descontento del peronismo se centró en la imposibilidad de introducir reformas de fondo a la normativa que envía el Poder Ejecutivo, particularmente en los apartados que guardan relación con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Los legisladores de la oposición señalaron que, si bien se aceptaron correcciones menores, existieron planteos estructurales que fueron desestimados por la mayoría oficialista durante los dos días de debate técnico, lo que calificaron como un procedimiento apresurado y restrictivo.
En la vereda opuesta, los representantes de la gestión del gobernador Marcelo Orrego rechazaron de plano los cuestionamientos logísticos. Desde el bloque del PRO destacaron que las reuniones de comisión contaron con la participación activa de los ministros de Minería y de Producción, junto a sus respectivos cuerpos técnicos. Asimismo, precisaron que el texto del expediente ingresó formalmente al sistema digital de la Legislatura el pasado 11 de junio, garantizando 18 días corridos para su correspondiente estudio y análisis pormenorizado.
El riesgo de alterar las reglas de juego
"Las modificaciones propuestas podrían generar incompatibilidades jurídicas con un marco nacional al que la provincia ya prestó su adhesión formal", sostienen desde el arco oficialista.
El punto neurálgico del conflicto radica en el impacto que tendrían los cambios que impulsa el PJ sobre las futuras radicaciones de capital en el territorio provincial. Según el oficialismo, reformular los criterios del RIGI generaría una superposición legal que afectaría la seguridad jurídica y terminaría desalentando la llegada de nuevos emprendimientos productivos a San Juan.
Respaldo masivo del entramado productivo y empresarial
La controversia parlamentaria obligó a un pronunciamiento unificado por parte de los principales sectores económicos locales. Organizaciones empresariales de peso sectorial, entre las que destacan la Cámara Minera de San Juan, la Unión Industrial, la Delegación San Juan de la Cámara Argentina de la Construcción y las entidades de proveedores CASEMI y CAPRIMSA, solicitaron formalmente mantener el texto original que remitió el Ejecutivo.
Las corporaciones privadas coincidieron en que alterar la letra del proyecto original introduciría complejidades operativas innecesarias para su posterior aplicación práctica. De este modo, la votación de este jueves no solo definirá el futuro de la política de fomento minero, sino que servirá también para calibrar el grado de polarización y el nuevo equilibrio de fuerzas dentro del parlamento provincial frente a la agenda de reformas del Gobierno sanjuanino.
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