La puesta en vigencia de la nueva Ley de Tránsito y Transporte de San Juan, sancionada por la Cámara de Diputados en diciembre pasado, se encuentra supeditada a la culminación de su decreto reglamentario. La ministra de Gobierno, Laura Palma, informó que los equipos técnicos del área legal se encuentran en la fase final de redacción de la normativa de aplicación, un proceso administrativo complejo debido al cambio estructural que introduce la legislación sobre la matriz del transporte público provincial.
Desde la cartera oficial explicaron que el retraso en la implementación operativa responde a la necesidad de precisar los mecanismos prácticos de inscripción para los futuros prestadores. Aunque la funcionaria prefirió no comprometer un plazo perentorio en el calendario, aseguró que el dictamen del instrumento regulatorio se concretará en las próximas semanas, lo que permitirá poner en marcha un esquema que fue aprobado en el recinto parlamentario por una mayoría de 20 votos afirmativos contra 16 rechazos.
El eje central de la reforma radica en la eliminación del tradicional sistema de adjudicación de licencias comerciales, el cual será sustituido por un Registro de Inscripción Libre y Gratuito. Bajo esta nueva modalidad, cualquier ciudadano que aspire a prestar servicios de traslado de pasajeros podrá registrarse sin afrontar costos de arancelamiento, siempre que cumplimente de manera estricta los requisitos profesionales, técnicos y de seguridad exigidos por el Estado.
En lo que respecta a las condiciones de la flota vehicular, el Ministerio de Gobierno ratificó que no se modificaron los estándares de antigüedad vigentes en la legislación precedente. De este modo, los rodados afectados al servicio no podrán exceder el tope máximo de 10 años desde su fabricación, debiendo acreditar de manera complementaria la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) al día, licencias de conducir de carácter profesional y la contratación de pólizas de seguro específicas para el transporte de personas.
Finalmente, la reglamentación en curso fijará las pautas operativas para las plataformas tecnológicas de movilidad urbana, tales como Uber o DiDi, catalogadas formalmente bajo la figura jurídica de "servicios de intermediación digital". El nuevo marco normativo obligará a estas empresas a garantizar la transparencia del sistema, disponiendo la creación de un registro de acceso público para que los usuarios puedan verificar de forma fehaciente la habilitación del conductor y del vehículo antes de iniciar cualquier viaje.
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