El Ejecutivo provincial envió el proyecto a la Legislatura para agilizar la obtención y administración de recursos destinados a la asistencia social. Se utilizará la infraestructura de los complejos nacionales transferidos para centralizar la atención.
El Gobierno de San Juan impulsa la creación del Fideicomiso Público de Innovación Socio-Sanitaria, una herramienta financiera inédita en el área social de la provincia que buscará agilizar la ejecución del Plan Provincial de Abordaje de Consumos Problemáticos. El proyecto, coordinado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, ya fue remitido a la Cámara de Diputados para su correspondiente validación legislativa. El propósito central de este mecanismo es optimizar los tiempos administrativos y garantizar una respuesta estatal rápida frente a las adicciones, manteniendo auditorías externas y controles estrictos de gestión.
La estructura del fondo estará constituida por el Estado provincial en rol de fiduciante, mientras que la administración y defensa de los activos quedará bajo la órbita de Fiduciaria San Juan SAPEM, actuando como fiduciario. Al operar de manera externa a la administración central, el patrimonio del fideicomiso quedará legalmente blindado frente a eventuales embargos o litigios contra la provincia. Los recursos provendrán de partidas presupuestarias anuales fijadas por ley, subsidios, donaciones privadas y la transferencia de bienes estatales.
Como parte del patrimonio inicial, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) cederá formalmente a la cartera social dos complejos inmobiliarios pertenecientes al programa nacional "Casa Activa", cuya titularidad fue recientemente transferida a la provincia. En el predio ubicado en el departamento de Chimbas, sobre la avenida Benavides, se montará el Centro Provincial de Abordaje Integral de Consumos Problemáticos. En tanto, la infraestructura localizada en Pocito será asignada a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia para brindar contención a menores de hasta 12 años.
El contrato del fideicomiso prevé además la posibilidad de realizar inversiones financieras de corto plazo con los fondos excedentes, con el único fin de resguardar el valor del capital. No obstante, la normativa interna limita estas operaciones exclusivamente a instrumentos de bajo riesgo, tales como plazos fijos en la banca oficial, fondos comunes de inversión de tipo money market o títulos de deuda pública. Queda explícitamente vedada cualquier colocación en activos de carácter especulativo o de renta variable.
La conducción y delineación estratégica del fondo estará a cargo de un Comité Ejecutivo interministerial, integrado por representantes de las áreas de Familia y Desarrollo Humano, Salud y Producción. Este órgano no solo supervisará el cumplimiento de las metas del plan, sino que también controlará las rendiciones de cuentas e impulsará las auditorías externas necesarias. Desde el Ejecutivo aclararon que este esquema flexible de gestión no representa una privatización de los servicios ni una delegación de las facultades estatales, ya que el control del programa permanecerá bajo la esfera pública en todo momento.