La reciente sanción y entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil a nivel nacional ha generado un escenario de vulnerabilidad institucional en San Juan, debido a que la provincia carece por completo de un establecimiento específico para el alojamiento de adolescentes que reciban condenas efectivas. El presidente de la Corte de Justicia local, Daniel Olivares Yapur, reconoció públicamente la gravedad de la situación y confirmó el inicio de gestiones de carácter urgente con el Poder Ejecutivo y el Foro de Abogados para diseñar un plan de contingencia edilicia y organizativa.
La problemática cobró centralidad luego de que el Senado de la Nación convalidara la reforma legal que reduce la edad de imputabilidad a los 14 años y establece un marco de responsabilidad penal para menores de hasta 18 años, con penas máximas de 15 años de prisión y la expresa prohibición del encierro perpetuo. El titular del máximo tribunal provincial enfatizó que el cumplimiento de esta normativa nacional exige una infraestructura diferenciada, descartando de manera tajante la posibilidad de utilizar el Servicio Penitenciario de Chimbas para estos fines, al tiempo que aclaró que el Instituto Nazario Benavídez se encuentra en un proceso de reformas que no contempla la privación de la libertad.
Para la conducción del Poder Judicial, las herramientas de la justicia restaurativa y las medidas alternativas resultan insuficientes ante los requerimientos de la nueva legislación. Olivares Yapur señaló que la resolución del conflicto excede las competencias de los tribunales y demanda una participación activa del Gobierno provincial para el financiamiento y la construcción de un espacio de detención que respete los estándares internacionales en materia de minoridad y derechos humanos.
El debate en torno a la reforma ya registraba advertencias previas en el ámbito forense local. Datos provistos por los juzgados especializados de Niñez y Adolescencia indican que en San Juan se tramitan anualmente entre 700 y 800 expedientes vinculados a contravenciones y delitos cometidos por menores. No obstante, magistrados del fuero habían señalado con anterioridad que la incidencia de la delincuencia juvenil representa menos del 1% del total de las causas penales de la provincia, por lo que instaron a complementar las modificaciones del código de fondo con políticas públicas de contención social y prevención del delito.
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