El crecimiento de las plataformas de apuestas ilegales y su llegada a menores de edad encendió las alertas en San Juan. En respuesta, la Caja de Acción Social, en conjunto con el Ministerio de Educación y la Dirección de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos, avanza en la elaboración de una guía integral destinada a familias y docentes, cuya publicación está prevista para mayo.
El presidente del organismo, Juan Pablo Medina, confirmó que el documento se encuentra en su etapa final y destacó que el objetivo es fortalecer la detección temprana y la intervención ante casos de ludopatía en niños y adolescentes.
Según explicó, la guía fue pensada como una herramienta práctica y accesible, con contenidos didácticos que permitirán identificar señales de alerta, comprender la problemática y establecer pautas claras de actuación. La iniciativa apunta a construir una red de contención que involucre tanto al ámbito educativo como al familiar.
El material también incluirá información de contacto de organismos públicos y privados donde se podrá solicitar asistencia, orientación y tratamiento, con el fin de facilitar el acceso a recursos disponibles en la provincia.
En cuanto al impacto de esta problemática, Medina señaló que actualmente no se registra un incremento significativo en las consultas, aunque anticipó que la difusión de la guía podría modificar ese escenario. En ese sentido, consideró que un eventual aumento en los casos detectados respondería a una mayor visibilización del problema y no necesariamente a un crecimiento real.
Por otra parte, el funcionario advirtió sobre la dificultad para combatir los sitios clandestinos de apuestas, al señalar que en la provincia ya se han identificado cientos de plataformas ilegales. Estas son denunciadas a través de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas, que articula acciones con organismos como Meta y el Enacom para gestionar su bloqueo.
En paralelo, la provincia espera la reglamentación de una ley que regule el juego en línea, actualmente en proceso administrativo. De acuerdo a lo señalado por Medina, contar con este marco legal permitirá avanzar en acciones judiciales más efectivas, con la intervención del sistema judicial y áreas de seguridad.
La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para enfrentar una problemática creciente, que combina prevención, regulación y control en un contexto marcado por la expansión de plataformas digitales ilegales.
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