La intendenta respaldó el rol del Ejecutivo, cuestionó la decisión del Concejo Deliberante sobre fondos y advirtió por el impacto de la caída de la coparticipación.
En la previa del inicio del período legislativo en San Juan, la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, expuso definiciones políticas que reflejan tensiones en la administración local, en particular con el Concejo Deliberante y con el diputado departamental Gabriel Sánchez, en el marco de la discusión por el presupuesto.
El conflicto se originó cuando el cuerpo deliberativo aprobó un aumento de su participación presupuestaria del 3% al 11%, decisión que luego fue vetada por el Ejecutivo municipal. En ese contexto, Rodríguez defendió la conducción del gobierno local y sostuvo que la definición de las políticas públicas corresponde al Ejecutivo, que trabaja junto a un equipo técnico interdisciplinario.
La jefa comunal remarcó que la situación obligó a reordenar prioridades a partir de la reconducción del presupuesto, lo que dejó expuestas diferencias en la administración de los recursos. Aun así, buscó mantener un tono institucional al señalar que su gestión preservará el respeto por los distintos poderes que integran el sistema municipal.
En el plano político, Rodríguez se refirió por primera vez a su relación con el diputado Gabriel Sánchez, a partir de un proyecto de pavimentación impulsado por el legislador. Si bien valoró la iniciativa, cuestionó la falta de coordinación previa con el municipio y planteó la necesidad de articular una agenda de obras más amplia y consensuada para el departamento.
La intendenta también vinculó el escenario local con el contexto económico general, tras participar de una reunión de intendentes del Partido Justicialista en Partido Justicialista. Allí expresó preocupación por la caída de la coparticipación y el impacto directo en la capacidad de respuesta de los municipios ante las demandas sociales.
En ese sentido, advirtió que las decisiones económicas a nivel nacional generan incertidumbre en la gestión cotidiana y planteó interrogantes sobre la sostenibilidad del esquema de financiamiento actual. Además, insistió en la necesidad de contar con mayor previsibilidad y acceso a información precisa para evaluar el alcance de los reclamos municipales.
Finalmente, Rodríguez sostuvo que el principal desafío de los gobiernos locales es afrontar un escenario de recursos en retroceso, lo que obliga a replantear prioridades y estrategias de gestión en un contexto de creciente presión social.