Un informe de la Asociación Civil Familias del Dolor contabiliza 2.070 víctimas fatales en San Juan desde el año 2008. Apuntan al exceso de velocidad y a la conducción bajo los efectos del alcohol como los principales desencadenantes de las tragedias.
La problemática de la inseguridad vial en San Juan sumó un alarmante indicador estadístico luego de que la Asociación Civil Familias del Dolor diera a conocer un balance histórico sobre la mortalidad en las calles y rutas locales. De acuerdo con el relevamiento técnico de la entidad, un total de 2.070 personas perdieron la vida en hechos de tránsito en el territorio provincial desde el año 2008 hasta la actualidad, abriendo un complejo escenario de debate público sobre los mecanismos de prevención vigentes.
El fundador y referente de la organización civil, Guillermo Chirino, enfatizó que aproximadamente el 90% de estas muertes violentas podrían haberse evitado de manera directa si se implementara una matriz de control más rigurosa y se consolidaran conductas de manejo responsables por parte de los ciudadanos. La difusión de estos indicadores coincide con una etapa de fuerte sensibilidad social y judicial en la provincia, motorizada por recientes procesos penales derivados de incidentes de tránsito con consecuencias fatales.
El análisis de las variables accidentológicas de la institución determinó que el exceso de velocidad se mantiene firmemente como el factor agravante más recurrente en los desenlaces luctuosos, operando muchas veces en combinación con la ingesta de bebidas alcohólicas al volante. Esta combinación de variables disminuye drásticamente los tiempos de reacción de los conductores e incrementa de forma exponencial la gravedad del impacto físico en las colisiones.
Ante este diagnóstico, los equipos técnicos de Familias del Dolor ratificaron la necesidad urgente de intensificar las campañas públicas de concientización y de ampliar la presencia de puestos de fiscalización vehicular tanto en los trazados urbanos como en los corredores viales provinciales. Para la entidad, la sistematización de estos controles estatales resulta indispensable para modificar de raíz los patrones conductuales que sostienen las elevadas tasas de siniestralidad en la región.