La diputada provincial
Fernanda Paredes volvió a poner en debate en la Legislatura de San Juan el proyecto de ley que propone la adhesión de la provincia a la
Ley Nacional N° 27.372, de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos. La iniciativa —presentada originalmente en 2024 y reingresada a comienzos de este año— será girada a las comisiones de
Asuntos Constitucionales y de Justicia para su análisis en las próximas semanas.
Garantías en el proceso penal y seguimiento estadístico
El texto legislativo consta de dos ejes centrales. El primero establece la adhesión a la normativa nacional para consolidar a las víctimas como sujetos plenos de derechos dentro de las investigaciones penales, garantizando el acceso a información, asesoramiento técnico, participación en la causa y un trato digno en el ámbito judicial.
El segundo punto contempla la creación del Observatorio de la Víctima de Delitos dentro del ámbito de la Cámara de Diputados. La meta de este organismo será elaborar datos estadísticos, realizar un seguimiento continuo del entorno de los damnificados, promover encuestas de victimización y emitir recomendaciones que orienten el diseño de políticas públicas.
El impacto de hechos recientes y la necesidad de prevención
Paredes señaló que la decisión de retomar el expediente estuvo motivada por hechos de violencia de público conocimiento, haciendo especial referencia al femicidio de Gemma Álvarez ocurrido en el departamento Chimbas. La legisladora enfatizó la necesidad de revisar la respuesta estatal ante denuncias previas para evitar desenlaces fatales.
En ese sentido, la diputada reconoció que la provincia ha registrado avances institucionales —como la implementación del centro Cavig y las reformas en el Código Procesal Penal—, pero sostuvo que el sistema aún requiere ajustes de coordinación para intervenir de forma oportuna antes de que los casos lleguen a la instancia punitiva penal.