El decreto nacional 253/2026 abrió un nuevo esquema para la administración de rutas en Argentina al transferir a las provincias la facultad de licitar, adjudicar y gestionar tramos de la red vial. En San Juan, la iniciativa aún se encuentra bajo análisis oficial, mientras que desde el sector gremial ya surgieron fuertes cuestionamientos sobre su aplicación.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales, Carlos Ordóñez, expresó un rechazo categórico a la medida y consideró que su implementación en la provincia no sería viable. Según explicó, el principal obstáculo radica en el bajo volumen de tránsito en la mayoría de los corredores, condición clave para sostener sistemas de peaje.
De acuerdo con el dirigente, para que un esquema de cobro funcione se requiere un flujo diario de entre 10.000 y 15.000 vehículos, un nivel que solo se alcanza en sectores muy puntuales. En contraste, indicó que existen tramos con apenas unos cientos de vehículos por día, lo que impediría recuperar la inversión sin aplicar tarifas elevadas.
El decreto habilita a las provincias a avanzar con obras de mantenimiento, ampliación y reparación mediante concesiones, lo que abre la puerta a la instalación de peajes como mecanismo de financiamiento. Sin embargo, Ordóñez advirtió que este modelo difícilmente resulte atractivo para el sector privado en regiones con escasa circulación vehicular.
En esa línea, sostuvo que sin subsidios estatales las obras no serían rentables, lo que obligaría a combinar financiamiento público con tarifas que podrían resultar poco accesibles para los usuarios.
El análisis también alcanza a corredores estratégicos. Si bien algunos sectores cercanos a la capital presentan mayor circulación, el gremialista puso en duda la viabilidad de aplicar peajes en rutas de larga distancia o con menor densidad de tránsito, donde el flujo es considerablemente más bajo.
Como antecedente, mencionó la administración provincial de la avenida de Circunvalación, que registra un volumen diario significativamente superior al resto de la red vial. Aun así, planteó interrogantes sobre la aceptación social de un eventual sistema de cobro, al considerar que los usuarios podrían optar por vías alternativas para evitar el pago.
Finalmente, el dirigente comparó el modelo con experiencias internacionales, donde los peajes suelen implementarse en rutas nuevas o mejoradas y conviven con caminos gratuitos como alternativa. En ese marco, insistió en que trasladar ese esquema a San Juan sin condiciones adecuadas podría derivar en un sistema poco sostenible.
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