La propuesta de habilitar la comercialización de carne de burro como alternativa frente a la crisis económica generó una fuerte reacción en San Juan, donde entidades proteccionistas cuestionaron tanto su viabilidad legal como sus posibles consecuencias sanitarias y sociales.
Desde la ONG Rescate Equino, su referente Analía Brizuela advirtió que este tipo de práctica no está contemplada en la normativa vigente. Según explicó, el Código Alimentario Argentino no incluye a los equinos como especies habilitadas para el consumo interno, y el país no dispone de criaderos autorizados para ese fin.
La activista señaló además que avanzar en esta dirección podría entrar en conflicto con la Ley de Maltrato Animal, al tiempo que alertó sobre los riesgos para la salud pública ante la ausencia de protocolos sanitarios específicos por parte del SENASA.
En ese contexto, también expresó preocupación por posibles efectos indirectos, como un aumento del abigeato. Según indicó, la promoción de este tipo de consumo podría incentivar el robo de animales, una problemática que ya genera inquietud en zonas rurales y que se vincula con episodios recientes registrados en la provincia.
Brizuela cuestionó además la intención de algunos sectores de impulsar normativas locales para habilitar esta práctica, y recordó que las legislaciones municipales no pueden contradecir marcos legales nacionales vinculados a la salud y la seguridad alimentaria.
Por último, subrayó la necesidad de reforzar los controles bromatológicos y la intervención de organismos competentes para evitar riesgos tanto para los consumidores como para los animales, en un escenario que ya genera amplio debate en la sociedad sanjuanina.
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