La Municipalidad de Pocito avanza en la implementación de una nueva herramienta tecnológica orientada a reducir la siniestralidad y ordenar el tránsito en el departamento. A partir del 1 de octubre, una red de videovigilancia y fotomultas comenzará a registrar infracciones viales durante las 24 horas en una decena de puntos considerados de alto riesgo operacional.
Para garantizar la precisión de los juzgamientos, las autoridades locales aclararon que el proceso de notificación no será automatizado en su totalidad. Las imágenes capturadas por los domos y cámaras fijas pasarán por un filtro de revisión humana a cargo de personal capacitado, encargado de validar la existencia real de la falta antes de derivar las actuaciones al Juzgado de Paz.
Faltas detectadas y montos de las penalidades
La tecnología instalada permitirá fiscalizar diversas maniobras antirreglamentarias cometidas tanto por automovilistas como por choferes de transporte pesado. Entre las transgresiones punibles se encuentran:
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Cruces con luz roja: Transitar la intersección cuando el semáforo prohíbe el paso.
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Maniobras prohibidas: Giro en U sobre avenidas o calles de doble sentido.
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Invasión de espacios: Obstrucción de sendas peatonales y ocupación no autorizada de zonas destinadas a carga, descarga o paradas de colectivos.
El cuadro tarifario fijado para las contravenciones contempla montos graduados según la peligrosidad de la acción. El piso mínimo parte de los $250.000, mientras que para los casos de extrema gravedad las sumas pueden trepar hasta los $2.500.000. Asimismo, el esquema normativo prevé suspensiones temporales del carnet de conducir que van desde los 15 días hasta un año.
Monitoreo previo y derecho a descargo
La etapa de prueba iniciada en febrero arrojó un promedio diario cercano a las 48 violaciones de semáforo en rojo, cifra que motivó la aceleración del despliegue definitivo del programa.
Desde la justicia contravencional comunal, encabezada por el juez Sergio Martín Escamilla, ratificaron el enfoque preventivo de la medida y recordaron que los conductores alcanzados por un acta labrada conservarán el derecho constitucional a presentar descargos formales o pruebas de atenuación en sede judicial.
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