La propuesta para
instaurar el esquema transitorio busca adecuar la administración de justicia local a la legislación nacional sobre minoridad. Durante su análisis de la iniciativa, el parlamentario sostuvo que la discusión institucional
no debe limitarse únicamente al aspecto punitivo, sino que resulta indispensable incorporar mecanismos estatales enfocados en la
recuperación de los jóvenes en conflicto con la ley.
El tratamiento del proyecto se da en un contexto económico provincial caracterizado por la restricción presupuestaria. Sobre este punto, se remarcó que la escasez de fondos obliga a fijar prioridades en la agenda pública, situando a la seguridad ciudadana y a las políticas sociales dirigidas a la juventud como ejes centrales de la gestión estatal.
Prevención de la reincidencia y contención familiar
El análisis del proyecto legislativo contempla también el contexto sociofamiliar de los menores que ingresan al circuito penal. La postura planteada por el legislador destaca la importancia de generar oportunidades de desarrollo y proyectos de vida para evitar que los adolescentes recurran a conductas delictivas, requiriendo un compromiso coordinado entre el Estado y la comunidad.
Asimismo, la propuesta enfatiza que la efectividad de la nueva Ley Penal Juvenil dependerá de su capacidad para reducir los índices de reincidencia. La meta principal del esquema apunta a brindar garantías a las víctimas de que los hechos no se repetirán, asegurando un marco de reparación e intervención institucional oportuna.