El referente del sector, Ricardo Santana, afirmó que la huelga registra un acatamiento de hasta el 98% en la provincia. Reclaman salarios de bolsillo que promedian los 300.000 pesos, desprotección gremial y falta de respuestas por escrito del Ejecutivo.
El personal de servicio y maestranza de los establecimientos educativos de San Juan sostiene una medida de fuerza por tiempo indeterminado que ha paralizado la actividad en la gran mayoría de las escuelas de la provincia. El representante del sector en el departamento de Jáchal, Ricardo Santana, detalló en declaraciones radiales que la huelga alcanzó un nivel de adhesión masivo, oscilando entre el 90% y el 98% en todo el territorio local. La protesta civil busca visibilizar la situación de vulnerabilidad salarial que atraviesan los trabajadores, la falta de representatividad sindical efectiva y lo que consideran un trato institucional deficiente por parte del Ministerio de Educación y la Gobernación.
En el marco del conflicto, los trabajadores denunciaron públicamente la ejecución de maniobras extraoficiales destinadas a desactivar las acciones directas. Según expuso Santana, durante las horas previas al inicio de la jornada se registraron comunicaciones por parte de autoridades escolares hacia el personal —con especial énfasis en aquellos bajo la modalidad de contratados—, bajo la premisa de un presunto acuerdo ministerial inexistente. Frente a este escenario, la conducción del movimiento ratificó la continuidad de la huelga y adelantó que no entablarán nuevas mesas de diálogo informales, exigiendo únicamente respuestas concretas y refrendadas por escrito por el gobernador de la provincia. Asimismo, calificaron como una estrategia de dilación política a los recientes encuentros convocados en el Centro Cívico.
El núcleo del reclamo radica en la depreciación de los ingresos del personal de maestranza. De acuerdo con el relevamiento del sector, un portero encuadrado en la modalidad de locación de servicios percibe una remuneración bruta mensual cercana a los 420.000 pesos, la cual, tras deducirse las obligaciones fiscales y de previsión social, se reduce a un ingreso neto de bolsillo de entre 300.000 y 350.000 pesos por jornadas laborales de ocho horas. A esta situación se suma la preocupación por la realidad de los trabajadores pasivos; desde el sector señalaron que existen agentes jubilados con más de cuatro décadas de aportes al Estado que actualmente perciben haberes de contingencia equivalentes a los 320.000 pesos mensuales.
Finalmente, el referente gremial puso de relieve la carga social que asumen diariamente estos trabajadores en las instituciones educativas, particularmente en las escuelas de modalidad agrotécnica. Santana manifestó que el personal suele intervenir de manera directa ante situaciones de vulnerabilidad socioeconómica de los alumnos, llegando a financiar con recursos propios la compra de indumentaria, calzado o alimentos. Explicó además que, a pesar de no contar con capacitaciones específicas ni asignaciones de funciones formales, los agentes asumen tareas de elaboración de comidas para garantizar el bienestar de las comunidades escolares.