La disputa judicial por las jornadas de clases no dictadas en las escuelas preuniversitarias de la provincia sumó un nuevo capítulo en los tribunales. Un grupo de familias involucradas en la acción de amparo colectivo rechazó la apelación presentada por las autoridades universitarias contra la medida cautelar vigente y solicitó un pronto despacho para que se ordene la inmediata restitución de los contenidos pedagógicos perdidos.
El abogado patrocinante de los padres, Mariano Domínguez, fundamentó la postura al señalar que, pese al mandato judicial que exigía adoptar medidas preventivas y presentar un esquema de compensación, la Universidad no incorporó ninguna propuesta concreta en el expediente. "No planteó ningún plan de recuperar las clases", remarcó el letrado sobre la falta de acreditación de medidas efectivas en los autos del caso.
Enfoque en las medidas de fuerza y alcance de la demanda
Desde la querella aclararon que el reclamo no apunta a las suspensiones excepcionales dictadas por contingencias climáticas (como episodios de viento Zonda o emergencias meteorológicas), sino que el foco exclusivo de la demanda radica en las jornadas discontinuadas a causa de huelgas y medidas de fuerza del personal docente.
Si bien la presentación judicial formal lleva la firma de diez representantes legales, la medida cuenta con el respaldo y acompañamiento de un colectivo de aproximadamente 200 familias preocupadas por la discontinuidad del ciclo lectivo.
Trámite en la Cámara de Mendoza y solicitud de habilitación de días
El conflicto judicial ingresará en una fase clave: mientras la apelación presentada por la Universidad será evaluada por la Cámara de Apelaciones de Mendoza, la causa principal continuará su tramitación en el juzgado de origen.
Con el fin de evitar mayores dilaciones que perjudiquen el ciclo académico, las familias solicitaron la habilitación de días y horas inhábiles. En la próxima instancia, la institución educativa deberá presentar un informe de fondo donde se debatirán los alcances y responsabilidades institucionales en la garantía del servicio esencial de educación.