La Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Especiales dispondrá de un plazo de cuatro meses para llevar adelante la Investigación Penal Preparatoria (IPP) contra el juez Enrique Mattar, imputado formalmente por el delito de lesiones culposas leves. El proceso judicial se inició tras un siniestro vial registrado en el departamento Capital, y busca determinar las responsabilidades penales del magistrado en el hecho.
El fiscal a cargo del caso, Roberto Ginsberg, precisó que la investigación penal se encuentra en su etapa inicial y que el periodo otorgado por la Justicia será fundamental para la recolección de pruebas técnicas. Entre las medidas de mayor relevancia programadas para las próximas semanas se destaca la realización de una pericia accidentológica integral, que será ejecutada por los especialistas del Complejo Científico Forense una vez que la defensa sea notificada formalmente y designe, si lo considera oportuno, a un perito de parte.
Respecto a la hipótesis principal que maneja el Ministerio Público Fiscal, el funcionario judicial reveló que el legajo cuenta con testimonios presenciales y registros de cámaras de seguridad cuyas secuencias resultan compatibles con la presunción de que uno de los vehículos involucrados rebasó un semáforo con luz roja. Estos elementos fílmicos y declaraciones serán cotejados con los resultados que arrojen los informes mecánicos y accidentológicos.
Ginsberg aclaró, asimismo, el alcance legal que reviste la investidura del imputado dentro del proceso. Al respecto, señaló que la condición de juez de Mattar no opera como un agravante para el delito investigado según los parámetros del Código Penal, aunque advirtió que una eventual acusación formal o elevación a juicio requerirá de procedimientos institucionales especiales debido a los fueros y al cargo público que ostenta.
Finalmente, el escenario procesal contempla la posibilidad de una resolución anticipada del conflicto. La Fiscalía confirmó que los representantes legales del magistrado plantearon formalmente la viabilidad de recurrir a una salida alternativa mediante un mecanismo de conciliación con la parte damnificada, una opción técnicamente prevista por la legislación penal vigente para este tipo de figuras delictivas menores.
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