La Dirección de Educación Privada autorizó el nuevo esquema arancelario que rige a partir de mayo. Las instituciones no podrán aplicar subas autónomas ni acumular porcentajes no utilizados para futuros meses.
La determinación del nuevo porcentaje surge de una fórmula polinómica que contempla variables críticas de la economía actual. Entre los indicadores utilizados destacan la evolución salarial del cargo docente testigo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en San Juan y el coeficiente de variación salarial a nivel nacional.
Un punto clave de la disposición oficial es la no acumulabilidad del aumento. Aquellas instituciones que opten por no aplicar el total del 10,33% en el periodo vigente perderán la facultad de reclamar o sumar dicho excedente en futuras actualizaciones.
Para garantizar la transparencia del proceso, los representantes legales de cada colegio deben cumplir con una serie de requisitos administrativos:
Declaración Jurada: Presentación formal ante las autoridades detallando matrícula total y comparativa de costos entre marzo y mayo de 2026.
Notificación a las familias: Obligatoriedad de informar fehacientemente el nuevo cuadro tarifario a los padres y tutores.
Certificación: Los establecimientos deben acreditar ante la Dirección que la comunidad educativa ha sido debidamente notificada antes de percibir los nuevos montos.
Con esta normativa, el Estado provincial busca regular el equilibrio entre la sostenibilidad financiera de las instituciones educativas y el impacto económico en los presupuestos familiares durante el presente año escolar.