El Poder Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto para simplificar trámites, costos y tiempos de espera en comercios, industrias y servicios. La iniciativa contempla la digitalización total del proceso, aprobaciones mediante declaración jurada para locales chicos y una moratoria para obras no declaradas.
El Poder Ejecutivo de San Juan remitió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley destinado a desburocratizar el sistema de habilitaciones para actividades comerciales, industriales y de servicios. La propuesta, confeccionada a través del trabajo articulado de diversas reparticiones del Estado provincial, tiene como propósito central disminuir de manera drástica los tiempos de espera, los costos económicos y la cantidad de gestiones presenciales que actualmente deben afrontar los emprendedores y empresarios locales para poner en regla sus establecimientos.
La piedra angular de la reforma propuesta consiste en la creación de un sistema único de gestión unificada que operará de forma íntegramente virtual a través de una plataforma digital. Según detalló el secretario de Industria y Comercio, Alejandro Martín, esta herramienta informática permitirá centralizar las solicitudes, evitando que los comerciantes deban peregrinar por múltiples dependencias públicas para obtener los avales correspondientes. La normativa respeta las autonomías comunales, ya que la facultad definitiva de otorgar las habilitaciones seguirá en manos de los municipios, a quienes se invitará a adherirse al nuevo ecosistema tecnológico.
El proyecto introduce una diferenciación según la escala del negocio, implementando un régimen simplificado para los establecimientos de hasta 300 metros cuadrados catalogados como de bajo riesgo. Para este segmento, se implementará un mecanismo ágil donde una declaración jurada técnica, avalada por un profesional matriculado, sustituirá de forma inmediata requerimientos tradicionales y de lenta resolución como el certificado final de obra, la habitabilidad, la factibilidad de uso, los permisos de salud pública y las autorizaciones de protección contra incendios.
En contrapartida, las superficies mayores o las actividades comerciales que por su naturaleza requieran de fiscalizaciones específicas quedarán encuadradas bajo un régimen general agilizado. Para este grupo, la ley impondrá un límite estricto de gobernanza: cada organismo provincial interviniente dispondrá de un plazo máximo e improrrogable de 30 días para expedirse o formular observaciones. Finalmente, las autoridades destacaron que el texto incluye una moratoria excepcional por el término de dos años, diseñada para que los propietarios puedan regularizar y declarar de forma voluntaria las ampliaciones edilicias y refacciones previas que no hayan sido notificadas oportunamente.