La Cámara de Diputados de San Juan aprobó por amplia mayoría un proyecto de repudio ante las recientes expresiones del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, vinculadas al desarrollo minero Vicuña. La iniciativa, impulsada por el oficialismo, logró trascender las barreras partidarias al sumar el acompañamiento de sectores clave del Justicialismo y el Bloquismo, consolidando un frente común en defensa de los recursos y la soberanía productiva de la provincia.
El diputado Enzo Cornejo destacó que el respaldo obtenido no responde a una alineación política con el Ejecutivo provincial, sino a un compromiso con los intereses de San Juan. Según el legislador, el posicionamiento de diputados como Mallea, Franco Aranda, Soler y Gabriel Sánchez fue fundamental para enviar un mensaje contundente contra lo que calificó como expresiones "desafortunadas e inapropiadas" por parte del mandatario riojano.
Para el oficialismo, la discusión en el recinto superó el análisis técnico de un emprendimiento puntual. Cornejo subrayó que el conflicto alrededor de Vicuña pone en juego la estabilidad de las inversiones y la generación de empleo genuino. "No se trataba de defender un proyecto en particular, sino de proteger el futuro de la minería, que para San Juan representa trabajo y desarrollo real", sostuvo el legislador.
En ese sentido, remarcó que el acompañamiento opositor evidencia que existe una coincidencia transversal sobre la importancia de la actividad extractiva como motor económico regional. "Acompañaron porque consideran que estas posturas impulsadas desde el kirchnerismo van en contra del bienestar de los sanjuaninos", enfatizó.
Pese al amplio consenso, la votación también dejó expuestas las fracturas dentro del arco opositor. Al respecto, Cornejo fue crítico con quienes optaron por no acompañar la resolución de repudio, señalando que esa postura implica un alejamiento de las necesidades urgentes de la provincia.
"Era una instancia para defender a San Juan y no a un color político", concluyó el legislador, reafirmando que la minería seguirá siendo el eje central de la agenda legislativa para garantizar la seguridad jurídica frente a reclamos externos que puedan afectar la inversión privada en territorio provincial.
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