Una serie de amenazas de posibles tiroteos en escuelas de San Juan, difundidas a través de redes sociales, provocó una jornada de alta tensión en la comunidad educativa y motivó la intervención de la Justicia y las fuerzas de seguridad. Aunque no se registraron incidentes, el impacto se reflejó en un marcado ausentismo estudiantil.
Uno de los casos se dio en la Escuela Sarmiento, donde autoridades detectaron un mensaje intimidatorio en un baño que advertía sobre un supuesto ataque previsto para este viernes. La situación fue reportada de inmediato y derivó en la presencia preventiva de efectivos policiales en el establecimiento.
La vicerrectora Celina Maturano describió el episodio como inédito y señaló que la rápida difusión de la imagen en redes amplificó la preocupación. En pocas horas, familias y docentes comenzaron a consultar sobre la seguridad y la conveniencia de asistir a clases.
Según explicó, no existe un protocolo específico para abordar este tipo de amenazas, lo que generó incertidumbre en la respuesta institucional. Además, advirtió que situaciones similares se replicaron en otras escuelas de la provincia e incluso en distintos puntos del país, lo que sugiere un fenómeno de imitación entre estudiantes.
Investigan amenazas en escuelas de San Juan y las encuadran como faltas contravencionales
El fiscal Adrián Riveros confirmó que los mensajes sobre supuestos tiroteos no constituyen, por ahora, un delito penal, aunque advirtió que la situación no debe ser minimizada.
Al respecto, el fiscal de la UFI Genérica, Adrián Riveros, explicó que las pintadas detectadas en distintos establecimientos educativos encuadran, en principio, dentro de conductas contravencionales, al no reunir la gravedad necesaria para ser consideradas un delito contra la seguridad pública.
No obstante, el funcionario judicial remarcó la importancia de no restarle relevancia al episodio. En ese sentido, señaló que, tras conocerse la situación, se dispusieron acciones preventivas coordinadas con el Ministerio de Seguridad provincial para resguardar a la comunidad educativa.
Riveros indicó además que, ante este tipo de hechos, se inician investigaciones con el objetivo de identificar a quienes realizaron los mensajes, en un trabajo conjunto con las autoridades escolares.
En cuanto a los daños ocasionados, precisó que no se registraron perjuicios materiales significativos, ya que las inscripciones fueron realizadas con elementos que permiten su rápida eliminación. Asimismo, aclaró que no existen denuncias recientes vinculadas a la presencia de armas ni a amenazas concretas en instituciones educativas.
Finalmente, subrayó la necesidad de fortalecer la articulación entre el sistema judicial y las áreas de seguridad para abordar este tipo de hechos y prevenir su repetición.
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