Las representaciones sindicales de los educadores en San Juan ratificaron el impacto masivo de la jornada de protesta y se alzaron de manera conjunta contra las notificaciones emitidas por la Subsecretaría de Trabajo. Las autoridades de UDAP y AMET afirmaron que el Ejecutivo provincial no tiene facultades para intervenir en una medida de fuerza decretada por la central nacional CTERA, argumentando que cualquier requerimiento legal debió canalizarse a través del Ministerio de Trabajo de la Nación y dirigido a la entidad madre, no a los sindicatos de base.
Acciones legales y quejas por la esencialidad
Ante la cédula oficial que les demandaba explicar cómo sostendrían el funcionamiento mínimo del sistema educativo, los gremios respondieron dentro de los plazos legales, pero con un fuerte rechazo. Desde AMET, el secretario adjunto Francisco Campos confirmó la presentación de un recurso de reconsideración para anular la resolución y suspender sus efectos. El dirigente advirtió que están dispuestos a defender su postura en los tribunales y subrayó que San Juan fue la única jurisdicción del país que avanzó con este tipo de intimaciones por el paro de CTERA.
Por su parte, la titular de UDAP, Patricia Quiroga, apuntó contra la normativa que declara a la educación como servicio esencial. La dirigente argumentó que la exigencia de mantener un 75% de los docentes en las aulas opera, en la práctica, como un impedimento absoluto para ejercer el derecho constitucional a la huelga. Como antecedente, recordó que a principios de año su sindicato se vio obligado a suspender una paralización de actividades tras recibir una notificación de idénticas características.
Fuerte acatamiento en las aulas
Respecto al impacto concreto del cese de tareas, las entidades celebraron el nivel de participación, vinculándolo al profundo malestar del sector. Los relevamientos de UDAP marcaron una inasistencia casi total en los niveles obligatorio: 98% en primarias y 95% en secundarias, con un 78% en el nivel superior, justificado por el desarrollo de mesas de exámenes. En sintonía, desde AMET calcularon que la adhesión general osciló entre el 70% y el 75%.
El trasfondo del reclamo
Más allá del contrapunto legal por los descuentos y sanciones, la protesta visibilizó las demandas estructurales que mantienen en tensión la relación con el Gobierno nacional. La agenda de reclamos incluye el llamado urgente a una paritaria nacional, la actualización del piso salarial y la devolución de partidas históricas como el FONID y el adicional por conectividad.
Asimismo, Quiroga alertó sobre la crítica situación de las escuelas técnicas y agrotécnicas, que dejaron de percibir fondos federales para insumos y mantenimiento. En ese sentido, reconoció los esfuerzos económicos de la administración provincial para compensar esas carencias, aunque aclaró que los recursos locales no alcanzan a revertir el recorte total proveniente de la Nación.
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