Los equipos interdisciplinarios de las escuelas sanjuaninas activaron más de 82 protocolos de contención vinculados a la prevención del suicidio en lo que va de 2026. Así lo precisó la ministra de Educación provincial, Silvia Fuentes, quien ponderó la labor de acompañamiento que despliegan 282 gabinetistas junto a docentes, directivos y núcleos familiares para atender situaciones de vulnerabilidad emocional que impactan en las aulas.
Las alertas se desencadenaron a partir de señales de advertencia detectadas en el espacio escolar por los propios educadores o el personal técnico. Tras la inclusión de San Juan entre las cinco provincias seleccionadas para programas de bienestar integral y las capacitaciones dictadas por el área de Salud en 2024, la cartera educativa consolidó la salud mental como una política transversal que abarca no solo a los alumnos, sino también a su entorno cercano.
Abordaje territorial y contención familiar
El trabajo institucional busca trascender el límite de los edificios escolares mediante una articulación directa con los hogares. Según la titular de la cartera, resulta indispensable dotar a los tutores de herramientas de acompañamiento, especialmente ante sucesos trágicos como el reciente fallecimiento de un estudiante en Rawson, cuyos efectos conmocionaron a la comunidad educativa pese a haber ocurrido fuera del ámbito escolar.
Postura ante el nuevo régimen penal juvenil
En relación con los debates en torno a la responsabilidad penal de los menores, Fuentes remarcó que el Gobierno provincial trabaja en la difusión y aplicación de la nueva normativa, aunque enfatizó que la respuesta del Estado en la etapa escolar debe ser principalmente formativa.
En ese sentido, sostuvo que la escuela debe sostenerse como un espacio socioeducativo orientado a la convivencia, evitando que las medidas punitivas constituyan la primera opción frente a conflictos con adolescentes. Para ello, el Ministerio prevé realizar jornadas de sensibilización con supervisores y directivos, además de articular acciones con la Defensoría de Menores y la Dirección de Niñez para delimitar los alcances del nuevo marco legal.
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