El fiscal general de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo Baigorrí, rechazó tajantemente la pretensión de remitir a los tribunales federales de Comodoro Py el expediente que investiga supuestas anomalías en la contratación y construcción del Acueducto Gran Tulum. El jefe de los fiscales calificó la solicitud de la defensa como «absolutamente insostenible» y reafirmó que el proceso penal debe sustanciarse en la jurisdicción provincial, argumentando que el eventual daño patrimonial perjudicó de manera directa a la comunidad local.
La controversia competencial se desencadenó luego de que la representación técnica del expresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), Sergio Ruiz, planteara que la presencia de partidas de origen nacional justificaba la radicación del expediente en el fuero federal, lo que motivó un requerimiento de información por parte del juez capitalino Daniel Rafecas. Frente a ello, Baigorrí desestimó ese criterio al precisar que el financiamiento principal de la obra pública proviene de un endeudamiento contraído directamente por la Provincia de San Juan.
Reprogramación de la audiencia y presencia de los investigados
En paralelo a la disputa de jurisdicción, la causa registró novedades en su cronograma procesal. La jueza de Garantías Mónica Lucero fijó la nueva fecha para la audiencia de formalización para el próximo martes 10 de noviembre de 2026, a las 14:30, en las dependencias del Palacio de Tribunales.
La reprogramación sobrevino tras el diferimiento de la sesión fijada originalmente para mediados de octubre, fecha en la que se constató la inasistencia de dos de los once investigados: el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac, y el diputado nacional Cristian Andino, cuya representación alegó compromisos legislativos en el Congreso de la Nación. Al respecto, el titular del Ministerio Público remarcó que las autoridades citadas deben ponerse a disposición del tribunal para garantizar el avance regular del proceso.
Origen de la denuncia y delictualidad investigada
La causa penal tuvo su génesis a finales de diciembre de 2025, motivada por una presentación formulada por el abogado Marcelo Arancibia tras la difusión de reportajes periodísticos sobre supuestos sobreprecios y deficiencias en la calidad de los materiales empleados. La instrucción, coordinada por la UFI Delitos Especiales, contempla entre sus medidas el secuestro de soporte informático y documental en las sedes de la proveedora Krah América Latina.
La nómina de las once personas sometidas a investigación abarca a exconducciones de la empresa estatal OSSE, exfuncionarios del Poder Ejecutivo sanjuanino y directivos del sector privado, cuya situación jurídica individual comenzará a precisarse una vez concretada la imputación formal de cargos.