La diputada Fernanda Paredes impulsa la iniciativa en la Legislatura provincial ante la ausencia de avances concretos. La normativa, a la que San Juan adhirió en 2023, exige formación obligatoria en derechos de las infancias para los tres poderes.
A pesar de que San Juan adhirió a la legislación nacional en el año 2023 bajo el marco del Plan Federal de Capacitación, la legisladora advirtió que, tras casi tres años, no existe información pública sobre el diseño de los contenidos ni el inicio de las instancias formativas. El objetivo de la norma es dotar de herramientas preventivas a quienes trabajan en áreas críticas para detectar y abordar situaciones de violencia infantil.
La iniciativa parlamentaria subraya que la capacitación debe alcanzar de manera obligatoria a sectores clave como la salud, la educación y las fuerzas de seguridad, además de los propios integrantes del Poder Legislativo y Judicial. Para la diputada, es fundamental que quienes toman decisiones legislativas tengan una formación técnica que les permita evaluar el impacto de las leyes en los derechos de los menores.
Como antecedente directo, Paredes citó el caso de la Ley Micaela (sobre violencia de género), la cual logró institucionalizarse y convertirse en un requisito indispensable para el acceso a cargos públicos.
El propósito final de la requisitoria es que el Ejecutivo provincial precise las acciones realizadas hasta la fecha y establezca un cronograma claro para dar cumplimiento efectivo a la ley, garantizando que el Estado sanjuanino cumpla con su rol de garante en la protección de las infancias.