El Gobierno provincial y la operadora del yacimiento presentaron un pedido conjunto ante la Justicia de Chilecito para suspender la medida cautelar. Buscan destrabar el conflicto a cambio de beneficios directos para los proveedores y trabajadores locales.
El fiscal de Estado riojano, Emilio Rodríguez, confirmó que el pedido se radicó ante la Cámara Civil de Chilecito. La medida busca interrumpir los plazos y efectos jurídicos de la resolución vigente que, hasta el momento, bloqueaba el paso por los 140 kilómetros de territorio riojano necesarios para llegar a la zona de explotación.
Pese al avance administrativo, Rodríguez aclaró que la restricción policial se mantendrá operativa hasta que la jueza interviniente dicte una resolución favorable al pedido de suspensión, mientras continúan las mesas de diálogo para un acuerdo definitivo.
Desde la Secretaría General de la Gobernación, Ricardo Herrera detalló que este acercamiento está sujeto al cumplimiento de condiciones específicas demandadas por los ministerios de Medio Ambiente e Industria. El objetivo del Gobierno es capitalizar la ubicación geográfica del proyecto, dado que el 80% de la traza vial se encuentra dentro de límites riojanos.
Entre los puntos centrales de la negociación se destacan:
Empleo local: Prioridad en la contratación de mano de obra de la zona.
Cadena de valor: Preferencia para proveedores del Valle del Bermejo.
Participación económica: Una mayor cuota de beneficios para las arcas provinciales en relación con el uso de la infraestructura territorial.
La medida cautelar ahora cuestionada por ambas partes se había originado bajo la premisa de una "amenaza real e inminente" sobre el patrimonio provincial. Sin embargo, el reciente acuerdo sugiere que la administración de Ricardo Quintela ha optado por una vía de negociación que permita la reactivación de las obras viales a cambio de un mayor impacto económico en las comunidades locales.