La Rioja exige una evaluación integral del proyecto minero Vicuña por su impacto transfronterizo

El Gobierno de La Rioja, a través de su Secretaría de Ambiente, ratificó su postura crítica respecto al tratamiento ambiental del ambicioso proyecto minero Vicuña. El titular de la cartera, Santiago Azulay, sostuvo que la magnitud del emprendimiento —que integra a los proyectos José María y Filo del Sol— demanda una evaluación de impacto ambiental completa y sistémica, rechazando cualquier intento de fragmentar el análisis de sus componentes.

En declaraciones a Radio La Red, Azulay enfatizó que la discusión técnica no puede limitarse a obras específicas, como la construcción de caminos, sin considerar el proyecto en su totalidad. Para el funcionario, la ubicación geográfica en la zona limítrofe entre La Rioja y San Juan vuelve indispensable un abordaje conjunto.

La preocupación riojana radica en que el área de operación forma parte de un ecosistema único cuya dinámica natural no reconoce divisiones políticas. Según el secretario, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) debe ser exhaustivo al contemplar los efectos directos e indirectos que la actividad minera a gran escala podría generar sobre los recursos naturales de su provincia.

Entre los puntos críticos señalados por la autoridad ambiental se encuentran:

• Afectación hídrica: El impacto de los sistemas de bombeo sobre las cuencas compartidas y la preservación de glaciares.

• Calidad del aire y suelo: Las consecuencias del material particulado en suspensión, las voladuras y el tránsito pesado constante.

• Biodiversidad: La alteración de los hábitats de especies locales que transitan entre ambas jurisdicciones.

Marco legal y derechos socioeconómicos

Desde la Secretaría de Ambiente recordaron que la normativa vigente exige que el EIA contemple la totalidad de las acciones previstas, evaluando no solo las consecuencias ambientales, sino también las repercusiones socioeconómicas en la región.

La postura de La Rioja busca garantizar el cumplimiento del derecho constitucional a un ambiente sano y equilibrado, bajo la premisa de que cualquier intervención en la zona de cordillera de San Juan tendrá, inevitablemente, un correlato en el territorio y los recursos naturales riojanos.