La acción judicial apunta a obtener una reparación económica y no solo una rectificación pública, tras un informe televisivo que vinculó al mandatario con supuestas irregularidades.
El Gobierno de San Juan confirmó que el gobernador Marcelo Orrego avanzará por la vía civil en el conflicto que mantiene con el periodista Tomás Méndez, la productora Telearte y el Grupo Octubre, a raíz de un informe emitido en el programa televisivo Telenueve Denuncia. La decisión busca una compensación por daños y perjuicios, al considerar que las acusaciones afectaron la imagen y el honor del mandatario.
Desde la asesoría letrada de la Provincia explicaron que ya fueron enviadas cartas documento a los involucrados, en las que se los insta a rectificar la información difundida o a respaldarla con pruebas. La estrategia oficial no se limita a una eventual retractación pública, sino que apunta a una reparación económica por el impacto generado.
El asesor letrado adjunto, Facundo Rojas, cuestionó el tono del informe y diferenció el rol del periodismo en el control de la gestión pública de lo que consideró expresiones agraviantes. En ese sentido, sostuvo que el contenido difundido excede el interés informativo y se inscribe en un plano de descalificación personal.
Según detallaron desde el Ejecutivo, las acciones legales contemplan distintos niveles de responsabilidad. En el caso del periodista, se centran en sus declaraciones durante la emisión, mientras que la productora y el canal fueron incluidos por su intervención en la realización y difusión del material.
El origen de la controversia se vincula con denuncias televisivas que aludían a presuntas contrataciones irregulares y compras de alto monto a determinados comercios, además de supuestos beneficios a empresas relacionadas con dirigentes políticos. Desde el oficialismo sostienen que, de haber existido consultas previas, la información podría haber sido aclarada por las vías institucionales correspondientes.
La decisión de avanzar en el fuero civil se enmarca en las limitaciones actuales de la legislación penal para casos de calumnias e injurias vinculados a asuntos de interés público. Bajo este esquema, la demanda se orienta a resarcir el daño moral que, según el Gobierno, provocaron las acusaciones.
El episodio se inscribe en una serie de disputas similares en otras provincias que también involucran al mismo periodista. De acuerdo con lo señalado por el funcionario, mandatarios como Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Rogelio Frigerio iniciaron acciones legales en situaciones comparables, lo que evidencia un escenario de creciente conflicto entre el comunicador y distintos gobiernos provinciales.