La Cámara alta suspendió la discusión sobre el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. La oposición sanjuanina respaldó la medida y alertó sobre los riesgos de eliminar los topes a la adquisición de campos por parte de capitales extranjeros.
El aplazamiento de la sesión en el Senado de la Nación reactivó las tensiones en el escenario político regional y nacional. Ante la falta de acuerdos y la incertidumbre por el número necesario de legisladores en el recinto, el tratamiento de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada se postergó hasta el próximo 6 de agosto, interrumpiendo el avance del punto más debatido de la norma: la desregulación total en la venta de tierras rurales a compradores de origen externo.
Cuestionamientos a la soberanía
La suspensión del debate parlamentario fue valorada de manera positiva por distintos representantes de la oposición mendocina y sanjuanina. El diputado nacional por San Juan, Jorge Chica, se alineó con la postura de rechazo y argumentó que el texto impulsado por el Poder Ejecutivo nacional implicaba una pérdida de control sobre el patrimonio geográfico y los recursos estratégicos del país.
El legislador nacional sostuvo que la coincidencia del debate con la agenda deportiva de la Selección Argentina en el campeonato mundial amenazaba con restarle visibilidad pública a una reforma de gran impacto estructural. Según su análisis, el proyecto oficialista facilitaría que grandes conglomerados financieros o fortunas particulares del exterior concentren superficies de manera ilimitada en áreas productivas y de frontera.
El impacto en las economías regionales
Las principales preocupaciones de los sectores críticos se centran en el control de áreas sensibles para el desarrollo provincial. La posibilidad de un mercado inmobiliario rural desregulado en zonas de frontera encendió alarmas respecto a los esquemas de seguridad interna, el control del contrabando y, fundamentalmente, la gestión de cuencas hídricas en provincias con emergencia hídrica consolidada.
En el plano local, se recordó que departamentos como Iglesia ya registran aproximadamente una cuarta parte de su territorio catastral bajo titularidad extranjera, una situación que las normativas previas del año 2011 no lograron revertir de forma retroactiva. Los opositores remarcaron que el agua y el suelo cultivable son activos escasos que deben ser protegidos mediante normativas de ordenamiento territorial.
Estrategia en el territorio
Con el debate suspendido por tres semanas, las distintas fuerzas políticas reconfiguran sus estrategias para la discusión en comisiones. Desde el bloque de Unión por la Patria adelantaron que buscarán abrir canales de diálogo directo con jefes comunales e intendentes de las zonas potencialmente afectadas para evaluar el alcance real de la reforma.
La postura de las bancadas opositoras se mantendrá firme en el rechazo a cualquier modificación que suprima las competencias del Estado sobre la fiscalización de los recursos naturales, anticipando una discusión sumamente compleja cuando la actividad legislativa retome su agenda habitual en el mes de agosto.