El sistema de crédito al consumo en San Juan muestra un
escenario de creciente morosidad, con un promedio general del
20,4% de morosos sobre la totalidad de los préstamos otorgados. La cifra implica que
dos de cada diez sanjuaninos que accedieron a financiamiento
no se encuentran al día con sus obligaciones. Sin embargo, el análisis por rubros revela una brecha marcada entre el incumplimiento de deudas comerciales y los compromisos contraídos para la
adquisición de bienes registrables.
El segmento más afectado corresponde a los créditos otorgados directamente por locales comerciales para la compra de electrodomésticos, tecnología y mobiliario. En esta modalidad, el 50% de las operaciones registra cuotas vencidas e impagas. La proliferación de estos créditos a sola firma, caracterizados por requisitos mínimos de otorgamiento como estrategia para sostener las ventas, derivó en altos índices de incobrabilidad en las firmas minoristas.
Los departamentos con mayor índice de incumplimiento comercial
La mora en la financiación directa de comercios presenta variaciones según el departamento, registrándose los registros más elevados en los municipios de la periferia y el Gran San Juan:
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Angaco: Encabeza la nómina provincial con un 54,4% de compradores en mora.
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Rawson: Se ubica en segundo lugar con un 54% de deudores con cuotas atrasadas.
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Pocito: Alcanza un índice del 52,6% de morosidad comercial.
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Rivadavia: Registra un 51,7% de mora en las compras a crédito.
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Valle Fértil: Presenta un 51,3% de incumplimiento en el sector.
Contraste entre tarjetas, bancos y el sector prendario
En el resto del sistema financiero, el nivel de mora oscila entre el 11% y el 30% para los saldos de tarjetas de crédito, billeteras virtuales y préstamos bancarios tradicionales.
La excepción al fenómeno de la incobrabilidad la concentran las entidades financieras, donde la tasa de demora cae de manera drástica al 3,86%. Este bajo nivel de mora se explica por el tipo de bien financiado: estas entidades concentran el crédito para la compra de vehículos mediante garantías prendarias. Ante la posibilidad de perder el automóvil —utilizado para el transporte familiar o como herramienta de trabajo—, los usuarios priorizan el pago de estas cuotas por encima de los bienes de consumo durable.