La medida fue adoptada a partir de una presentación realizada por la empresa a cargo del emprendimiento, que buscaba asegurar la continuidad de sus tareas frente a las limitaciones impuestas desde la jurisdicción riojana. Según se informó, la resolución establece que ningún actor ajeno —ya sea público o privado— podrá obstaculizar o paralizar las actividades, con la única excepción de las autoridades competentes de San Juan.
El dictamen fue emitido por un juzgado de primera instancia de la Segunda Circunscripción Judicial y tiene carácter precautorio. En concreto, apunta a resguardar el funcionamiento del proyecto mientras se analiza el impacto de una decisión previa tomada por la Justicia de La Rioja.
Esa resolución, aún vigente, había dispuesto restricciones sobre una ruta provincial utilizada para el acceso logístico al emprendimiento, además de ordenar la suspensión de ciertas actividades vinculadas al proyecto. Este escenario generó un fuerte cruce entre ambas provincias, que mantienen posturas enfrentadas en torno a la jurisdicción y el desarrollo de la iniciativa.
Desde la empresa señalaron que continúan operando dentro del marco legal establecido en San Juan, al tiempo que avanzan con acciones para destrabar completamente la situación. En paralelo, remarcaron que se prioriza la seguridad del personal y la continuidad de las tareas en el yacimiento.
El trasfondo del conflicto radica en la ubicación del proyecto, asentado en territorio sanjuanino pero con accesos que atraviesan La Rioja, lo que derivó en un choque de competencias. En ese marco, el Gobierno de San Juan volvió a sostener su postura en defensa de los recursos naturales dentro de sus límites y la validez de las autorizaciones otorgadas para el desarrollo minero.