El tribunal de Impugnación rechazó el apartamiento de la magistrada Mónica Lucero y determinó que Guillermo Sirerol y Sergio Ruiz aún no cuentan con facultades procesales para proponer pruebas. La investigación preliminar sobre las presuntas irregularidades en la obra pública continuará por 90 días más.
El Poder Judicial de la provincia resolvió mantener la vigencia de las autoridades actuales y delimitar el marco de participación de los expresidentes de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), Guillermo Sirerol y Sergio Ruiz, en la investigación penal que evalúa posibles anomalías en la obra del Acueducto Gran Tulum. El juez de Impugnación Eduardo Raed desestimó una recusación planteada por la representación legal de los exfuncionarios contra la jueza de Garantías Mónica Lucero, convalidando su continuidad al frente de las actuaciones y ratificando que los investigados carecen de la condición de imputados.
La resolución del magistrado superior determinó que, debido al estado del proceso, las exautoridades de la empresa estatal todavía no ostentan la condición jurídica necesaria para intervenir de forma activa en la producción de medidas de prueba o para articular objeciones de índole procesal. El fallo judicial consolida las decisiones previas y ratifica que la pesquisa se desenvuelve, por el momento, bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal.
Fase preliminar y límites de la intervención
El conflicto procesal se originó a partir de una prórroga de 90 días concedida a la Unidad Fiscal de Delitos Especiales para profundizar la recolección de evidencias, una medida que fue cuestionada por la defensa técnica a cargo del abogado Mohamed Nasser Uzair. Frente al reclamo, la resolución de Impugnación clarificó que la presentación espontánea realizada con anterioridad por Sirerol y Ruiz en el expediente solo les confiere la calidad de "interesados" con acceso a la información sobre la marcha de las actuaciones, pero no les otorga los derechos que el código reserva a las partes formales de una causa.
El juez Raed puntualizó que, al encontrarse la investigación en una etapa previa a la formalización de cargos, los exresponsables de la repartición no han sido imputados formalmente. Por tal motivo, se encuentra vedada su facultad para requerir testimoniales, peritajes técnicos o cualquier otra medida de prueba que pudiese interferir con las tareas de auditoría documental que ejecutan los fiscales.
Denuncia de origen y recusación a fiscales
La investigación penal se remonta a los últimos meses del año pasado, impulsada por una denuncia formulada por el abogado Marcelo Arancibia. La presentación inicial solicita determinar la existencia de conductas delictivas relacionadas con presuntos direccionamientos en los procesos de licitación y en los contratos celebrados para la provisión de cañerías del acueducto, apuntando a las responsabilidades correspondientes a la conducción de la gestión provincial del periodo 2019-2023.
La estrategia de la defensa de los exfuncionarios de OSSE contempla, además, un pedido de apartamiento dirigido contra los miembros de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales que coordinan la recolección de pruebas. Se espera que este último planteo de recusación sea analizado y resuelto por la conducción del Ministerio Público Fiscal en el transcurso de las próximas jornadas.