Un nuevo revés judicial sufrieron los expresidentes de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), Guillermo Sirerol y Sergio Ruiz. El Ministerio Público Fiscal desestimó de manera definitiva la denuncia penal presentada contra la jueza de Garantías Mónica Lucero, a quien pretendían apartar de la causa que investiga presuntas irregularidades en la megaobra del Acueducto Gran Tulum bajo la acusación de prevaricato.
Con esta resolución, dictaminada por el fiscal Adolfo Díaz y respaldada por la coordinación de la UFI Delitos Especiales, la magistrada fue ratificada al frente del expediente, al tiempo que se dio por archivada la denuncia en su contra por falta de elementos que configuren un ilícito.
Intentos fallidos de recusación
La ofensiva legal encabezada por el abogado defensor Nasser Uzair surgió a mediados de junio, luego de que la jueza Lucero concediera una prórroga de 90 días a los fiscales para continuar con la investigación preliminar. En esa oportunidad, la audiencia se llevó a cabo sin la presencia de la defensa de los exfuncionarios, lo que motivó los posteriores reclamos.
Tras ese episodio, la defensa intentó constituirse como parte del expediente para acceder a las actuaciones y presentar pruebas. Sin embargo, el planteo fue denegado debido a que ni Sirerol ni Ruiz se encuentran formalmente imputados ni investigados en esta etapa inicial del proceso, donde solo se busca determinar si existieron delitos en las contrataciones estatales.
A la par del intento de remover a la magistrada, la defensa también buscó apartar a la totalidad de la UFI Delitos Especiales. Sin embargo, dicha recusación fue declarada inadmisible por el fiscal coordinador Roberto Ginberg, confirmando a Díaz para resolver el legajo.
Los argumentos de la Fiscalía
En su dictamen, el fiscal Díaz remarcó que la presentación no contenía indicios que justificaran el inicio de una Investigación Penal Preparatoria (IPP). En sus fundamentos, argumentó que el Ministerio Público no tiene entre sus atribuciones la evaluación del desempeño administrativo de los magistrados, sino la persecución de delitos penales.
Asimismo, la resolución dejó asentado que la legalidad de un fallo judicial solo puede ser revisada por un tribunal superior y no por mero desacuerdo de las partes ni por el criterio de la fiscalía.
El origen de la investigación
La causa sobre la construcción del Acueducto Gran Tulum tuvo su origen a fines del año pasado tras una denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia. La presentación solicitó investigar posibles maniobras ilícitas en las contrataciones públicas ejecutadas durante la gestión provincial 2019-2023, período en el cual Sirerol estuvo al frente de OSSE, tras suceder en el cargo a Ruiz.
Comentarios (0)
Sé el primero en comentar.