La compañía eléctrica afronta un vencimiento clave a fin de mes en el Primer Juzgado de Faltas, en el marco de una disputa iniciada por la Municipalidad de Chimbas y vecinos debido a la falta de permisos ambientales, de Bomberos y medidas de seguridad en el terreno de avenida Benavídez.
La empresa distribuidora de energía Naturgy atraviesa días decisivos en el fuero contravencional local. La Justicia de Faltas de San Juan le fijó un plazo límite, que vence a fines de julio, para fundamentar y presentar la totalidad de las autorizaciones administrativas y ambientales de su terreno emplazado en la avenida Benavídez, en el departamento Chimbas. De no cumplir con los requerimientos normativos, la firma afrontará severas penas de clausura, inhabilitación o multas económicas que podrían superar los 15 millones de pesos.
La causa, que actualmente se tramita en el Primer Juzgado de Faltas, se reabrió tras la anulación del proceso anterior resuelta por la Cámara de Apelaciones de Paz. El tribunal de alzada hizo lugar a un recurso planteado por la distribuidora y revocó lo actuado por el titular del Tercer Juzgado de Faltas, Enrique Mattar, quien previamente había cuestionado la dilación de la compañía en subsanar las irregularidades del predio. Tras el sorteo correspondiente, el nuevo magistrado interviniente intimó a la empresa a regularizar su situación legal en un periodo de 30 días hábiles.
El expediente judicial tuvo su origen a comienzos de 2025 a raíz de una presentación efectuada por el municipio chimbero, acompañada por constantes reclamos de residentes y firmas colindantes. Los demandantes exigen el saneamiento integral, la construcción del cierre perimetral y la implementación de custodia en el lugar, aduciendo que el espacio se transformó en un foco de acumulación de escombros y materiales en desuso.
Entre las anomalías detectadas por la instrucción se señala la carencia de la habilitación municipal, la certificación del Cuartel de Bomberos y los permisos correspondientes emitidos por la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable. La situación reviste especial gravedad dado que la distribuidora no figuraría inscrita en los registros oficiales como generadora, transportista u operadora de residuos peligrosos, aspecto sensible en función de la presencia histórica de transformadores en la parcela, más allá de los retiros de equipamiento alegados por la firma en audiencias previas.
El Código de Faltas provincial prevé para este tipo de contravenciones vinculadas a la seguridad pública y el resguardo medioambiental sanciones que oscilan entre los 30 y los 1.000 JUS, monto que habilitaría multas pecuniarias de gran magnitud.
Asimismo, la legislación faculta al juzgado interviniente a dictar medidas accesorias como el arresto de los responsables, la ejecución de trabajos comunitarios o la clausura temporaria o definitiva del predio en cuestión si la documentación requerida no es ingresada antes del vencimiento fijado para la última semana del mes.