La investigación judicial por presuntas irregularidades en la megaobra del Acueducto Gran Tulum ingresó en una fase decisiva. Luego de casi tres trimestres de recolección de evidencias, la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) Delitos Especiales determinó que existen elementos probatorios de peso para imputar formalmente a once personas vinculadas con el desarrollo del proyecto hídrico.
Un expediente con amplio volumen probatorio
El caso tuvo su origen a finales del año pasado a partir de una presentación formulada por Marcelo Arancibia. Desde entonces, el fiscal del caso, Sebastián Gómez, encabezó una serie de diligencias centradas en el análisis de un voluminoso compendio probatorio que abarca un centenar de cajas con documentación física, además de un importante caudal de archivos digitales. Si bien la Fiscalía remarcó que los indicios reunidos son contundentes para abrir la instancia formal, aún resta completar diversas medidas complementarias en el expediente.
Postergación de la audiencia y rechazo a condicionamientos
La audiencia de formalización prevista para el pasado 14 de octubre no pudo llevarse a cabo debido a la inasistencia del senador Sergio Uñac y del diputado Cristian Andino. Esta suspensión postergó la imputación pública y la imputación formal de los delitos y calificaciones legales que formulará el Ministerio Público Fiscal. En relación con las especulaciones sobre el marco institucional de la causa, el fiscal Gómez desestimó interferencias externas y aseveró que los investigadores trabajan sin ningún tipo de presión política.
Definición de competencia judicial
Mientras la causa permanece bajo la órbita de los tribunales provinciales a la espera de que la Oficina Judicial fije una nueva fecha para la audiencia, la defensa analiza un planteo para solicitar el pase de las actuaciones al fuero federal. No obstante, el equipo de fiscales mantiene las actuaciones en el ámbito local enfocado en la pronta reanudación del proceso penal.