El Gobierno provincial puso en marcha el diseño de su estrategia legal ante la posibilidad latente de que la vecina provincia de La Rioja formalice una presentación judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si bien el máximo tribunal del país aún no registra un expediente ingresado de manera formal, la Fiscalía de Estado activó un protocolo de preparación técnica para responder al conflicto de límites que busca instalar la administración riojana.
El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, ratificó que las áreas jurídicas oficiales se encuentran en estado de alerta y abocadas al análisis exhaustivo de documentos históricos y mapas oficiales. El propósito de esta medida preventiva es consolidar un bloque argumental robusto que ratifique la soberanía territorial sobre las áreas que pretenden ser cuestionadas.
Sustento legal y rigor técnico
La principal línea de defensa que prevé exponer la representación local radica en la plena vigencia de la Ley Nacional 18.004. Dicha normativa, que fijó de manera precisa las demarcaciones entre ambas jurisdicciones, cuenta con la posterior ratificación del Congreso de la Nación, un factor que, según los especialistas, le otorga una solidez jurídica de carácter definitivo frente a cualquier planteo de inconstitucionalidad o revisión.
Asimismo, desde la órbita oficial enfatizaron que el trazado de los límites interprovinciales no respondió a criterios discrecionales, sino que fue el resultado de un exhaustivo relevamiento técnico desarrollado por profesionales de la agrimensura y la cartografía. Ante la falta de precedentes institucionales que avalen la postura riojana, la provincia confía en el peso de las pruebas técnicas existentes y prevé conformar un cuerpo interdisciplinario para el patrocinio ante el tribunal supremo.
El origen de la controversia
La escalada de la tensión institucional se reavivó a partir de la reciente promulgación de una ley en La Rioja, impulsada por el gobernador Ricardo Quintela. Esta norma ratifica las pretensiones de esa provincia sobre una franja de territorio que colinda con los departamentos de Valle Fértil, Jáchal e Iglesia, e instruye formalmente a sus equipos legales a demandar al Estado federal para impugnar los límites geográficos vigentes.
El área bajo disputa reviste una importancia estratégica crítica para el desarrollo regional. El territorio en cuestión no solo alberga yacimientos con un elevado potencial para la actividad minera, sino que también posee un alto valor para la explotación turística debido a su proximidad con el Parque Provincial Ischigualasto, variables que incrementan la complejidad política y económica del diferendo fronterizo.
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